El presidente de la Comisión Ocasional de Educación, César Rodríguez, con el respaldo de los asambleístas del bloque PAIS, anunció que, tras el análisis realizado respecto a los puntos críticos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enviará al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, un adéndum con modificaciones al texto, entre ellas la supresión del segundo inciso de la disposición general novena, respecto a la reliquidación a los maestros que se acogieron al retiro voluntario a partir de octubre de 2008.La norma en referencia establece que “a las y los docentes que se hubieren acogido a los beneficios de la jubilación desde el 20 de octubre del 2008 y que percibieron el incentivo por jubilación inferior al contemplado en la disposición general octava de esta Ley, se les reliquidará el pago del mismo hasta ajustar a los montos establecidos en el artículo 129 de Ley Orgánica de Servicio Público(…)”.
Rodríguez argumentó que esta reliquidación le significa al Estado ecuatoriano, una erogación de aproximadamente 150 millones de dólares, lo cual generará una grave afectación, no sólo al Presupuesto General del Estado, sino a la planificación de las políticas públicas sociales.
Afirmó que por esta razón no apoyarán la propuesta que se incluya el pago retroactivo del estímulo de jubilación a todos los maestros que se retiraron luego de la aprobación de la Carta Política. “Esta Asamblea tiene que cumplir la Constitución y la bancada de PAIS tomará decisiones no en función de cálculo político ni clientelar - electoral sino en función de los intereses del país”, enfatizó.
Al recalcar que de aprobarse la ley como está, se estaría creando una ley que le genera al Estado obligaciones no financiadas, explicó que el artículo 287 de la Constitución dispone que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente.
Recordó que en el 2010 se jubilaron 2.056 maestros, a quienes se les ha pagado 24’803.600 y la norma en referencia crea una obligación adicional de 45’560.800; en el 2009 hay 4.558 jubilados, a quienes se les pagó 58’376.400 dólares y faltaría pagar 88’777.80; en el 2008, después de que se aprobó la Constitución se han jubilado 1.291 maestros, a quienes se les ha pagado 19’824.000 y si se aprueba la norma se estaría creando una obligación no financiada de 18’220.400.
Por esta razón, le decimos al país, de manera transparente, que no se aprobará una norma que violenta la Constitución que va contra el principio de irretroactividad de la ley, porque no se puede generar una norma demagógica, que afectan al interés de más un 1’300.000 educandos y de más de 130.000 maestros, concluyó.
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