La Asamblea Nacional, con 114 votos, condenó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos por parte de cualquier fuerza regular o irregular, nacional o extranjera para que actúen en sus filas, así como la utilización para el cometimiento de delitos, explotación sexual, entre otras formas degradantes y atentatorias que contradigan la Constitución de la República, convenios internacionales y leyes vigentes.
Así mismo exhortó a los estados ecuatoriano y colombiano a que en muestra de la confraternidad entre países, se proteja de manera prioritaria y se garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran a lo largo de nuestras fronteras.
Gabriel Rivera, autor del proyecto argumentó que el lunes 15 de noviembre del 2010 se realizó un bombardeo de la Fuerzas Armadas Colombianas a un puesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el que fallecieron 16 presuntos guerrilleros y entre las víctimas habían dos menores de edad, una de ellas una adolescente de 15 años de nacionalidad ecuatoriana, la misma que desapareció de Santa Bárbara parroquia de Sucumbíos y un menor de 12 años, colombiano pero residente refugiado en el Ecuador desde temprana edad.
Señaló que estos hechos violan los derechos de los menores quienes han sido reclutados por un movimiento irregular del vecino país de Colombia, lo que desencadenó la muerte trágica.
Recordó que la Constitución en su artículo 46, numerales 4, 6 y 7 determina que el Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones; atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.
Agregó que el Estado también tiene la obligación de brindar protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género, a la vez que reiteró que por mandato constitucional las políticas públicas de comunicación deben priorizar su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.
El asambleísta Rivera resaltó que en Colombia no existen cifras exactas de la cantidad de niños/as y adolescentes vinculados a los grupos armados irregulares que toman parte en las hostilidades, pero que la UNICEF, en su informe del 2002, lo estimó entre seis y siete mil; mientras que la Human Rights Watch, en el 2004, consideró que podrían exceder los 11 mil. De su lado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe, señaló que podrían tratarse de 14 mil.
Se estima que casi siete mil menores de 18 años de edad combaten en grupos irregulares; unos siete mil integrarían grupos de milicias urbanas ligados a los diferentes partes de conflictos armados. Estas cifras invitan a la reflexión para concienciar a las autoridades a tomar cartas en este tema para proteger a nuestros niños/as y adolescentes en actos de esta naturaleza, que es una clara violación a los derechos humanos, concluyó.
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