El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, mediante conexión de videoconferencia entre Machala y Quito, aseguró que el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria será el mejor instrumento para hacer justicia con los más pobres, los pequeños comerciantes, microempresarios y demás ecuatorianos que día a día son víctimas de chulqueros y agiotistas, quienes los explotan a través de préstamos con altos intereses, porque no tienen acceso a crédito en las instituciones del sistema financiero.
Con oportunidad de la inauguración de la Casa Legislativa de Machala, Cordero Cueva invitó a la ciudadanía de la provincia de El Oro para que la participe activamente en la construcción colectiva de esta ley, cuyo proyecto ha sido preparado durante dos años en el Ejecutivo, con base en consultas a los diversos sectores sociales del país.
Añadió que al ser enviado con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea tiene 30 días para aprobarlo. “Trabajaremos con la misma dedicación que en el caso del Código de la Producción; el Ejecutivo le ha dado al tema de la economía solidaria la misma importancia que, en su momento, otorgó a la propuesta que beneficia al sector productivo integrado por la pequeña, mediana y gran empresa”, dijo.
El Titular de la Función Legislativa subrayó que este proyecto constituye una nueva forma de producción y comercialización, fundamentado en la gente que vive de su trabajo diario, desde actividades modestas de comercio, las tiendas del barrio, aquellos a los que equivocadamente se los llama informales, porque no tienen la posibilidad de organizarse como empresa, no tienen estatutos, ni ninguna otra forma de protección, es decir los más pobres. “Recordemos que no hay mejor pagador que el más pobre; por eso, hay que darle las debidas garantías para que pueda desarrollar sus actividades mediante créditos oportunos y en condiciones de justicia, con apoyo del Estado”, agregó.
Ley de Tránsito
Respecto de la Ley de Tránsito, Fernando Cordero Cueva explicó que el Pleno se allanó a las observaciones del Ejecutivo, porque técnicamente contribuían a mejorar su redacción, por lo que no alteraban el espíritu de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Así mismo, indicó que con más de 85 votos se ratificó en el Artículo 10, que reforma el Artículo 20 vigente, en cuanto tiene que ver con las atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, porque sobre todo en materia de planificación y regulación de las rutas nacionales es saludable que la decisión recaiga en un cuerpo colegiado y no en una persona en particular.
Revocatoria del mandato
Al ser consultado sobre el trámite del proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana para regular la revocatoria del mandato, Cordero Cueva indició que, posiblemente, en 20 días esté listo el informe para segundo debate.
Enfatizó que de ninguna manera se busca restringir este derecho constitucional, más bien se quiere establecer reglas claras para evitar que esta garantía sea distorsionada, que se dañe este mecanismo de participación ciudadana por intereses ajenos al objetivo de procurar una administración pública de mejor calidad, que satisfaga las aspiraciones de la gente.
Referéndum y consulta
En torno al criterio de una supuesta inconstitucionalidad en el llamado a consulta popular para el próximo 7 de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, aseguró que nada puede estar más lejos de la verdad que esa afirmación, porque la Constitución, dentro de los mecanismos de democracia participativa establece la facultad del Primer Mandatario de convocar a consulta popular. “Lo que se está haciendo es devolverle al mandante, al pueblo ecuatoriano, su derecho de pronunciarse sobre temas que deberían ser ampliados, como por ejemplo lo relativo a la caducidad de la prisión preventiva; no se está eliminando ese derecho, lo que se plantea es que si la persona que ha sido privada de su libertad utiliza varios medios para evitar su comparecencia ante los jueces para que se beneficie de la caducidad, esas demoras no sean computables para establecer los seis meses o el un año, en caso de delitos reprimidos con prisión o reclusión, respectivamente”.
De igual manera, si los jueces o los demás operadores de justicia incurren en maniobras o acciones de cualquier índole para dilatar las audiencias o se abstienen de acudir, que esas prácticas inclusive puedan ser motivo de sanciones, que podrían llegar hasta la destitución, lo que se quiere es que todos cumplamos con nuestra obligación, con apego a la ley. No hay forma más democrática ni directa que consultar al mandante para operar los cambios que se requieren”, puntualizó.
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