El Pleno con 93 votos expresó su solidaridad con la provincia de Imbabura afectada por la fuerte temporada invernal, que ha causado deslizamiento de tierras, desbordamiento de quebradas y cauces naturales del cerro Imbabura, que provocó daños a comunidades campesinas e indígenas, causando la muerte de varias personas y la destrucción de bienes públicos.En este sentido, exhortó al Presidente de la República para que declare en estado de emergencia agrícola y vial, con el objeto de resguardar la seguridad de la población de estos cantones que se encuentran en situación del alto riesgo, por lo que es necesaria la intervención ordenada de organismos del gobierno central y de los gobiernos autónomos, así como destinar recursos necesarios de manera preferente.
Esta declaratoria, según la resolución, deberá disponer la asignación de recursos específicos para la prevención de riesgos a los que se encuentran expuestos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Imbabura, así como la movilización de los recursos que sean necesarios para la mitigación del daño y la ejecución de los respectivos planes de contingencia.
Exhortó a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos que, basada en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad, asegure la ejecución de las acciones concretas para precautelar la seguridad, la vida e integridad de las personas en condición de riego y sus bienes.
Demandó de los Ministros de Salud Pública; Inclusión Económica y Social; Coordinador de Desarrollo Social, para que mediante acciones coordinadas, conforme a las atribuciones que la ley les otorga, provean de manera urgente la atención necesaria, la misma que deberá asegurar el bienestar de los damnificados durante el tiempo que se disponga para la emergencia.
Así mismo demandó del Ministerio de Recursos No Renovables regule, de manera urgente y definitiva, el funcionamiento de las canteras en la zona y que, a su vez, acelere la disposición de la entrega de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados de esta jurisdicción.
Celso Maldonado y Marisol Peñafiel proponentes de la resolución, recordaron que el pasado 4 de abril, en diferentes sectores de la provincia de Imbabura, se han producido fuertes lluvias que han provocado deslaves y desbordamientos de quebradas y cauces naturales provenientes del cerro Imbabura, fenómeno natural que afectó gravemente a las comunidades campesinas e indígenas ubicadas en las faldas del Imbabura, siendo ellas las comunidades de Arias Uco, Tanguarín y La Compañía de Jesús, de San Antonio de Ibarra, entre otras, causando la muerte de varias personas y destrucción de bienes públicos y privados.
Afirmaron que esta catástrofe natural ha generado serios daños en el sistema de agua potable de la ciudad de Ibarra, cuya fuente se ubica en Guaraczapas de la parroquia La Esperanza; ha dañado puentes y vías de acceso, dejando incomunicadas a varias comunidades y barrios marginales de Ibarra y Otavalo, por lo que es necesario que el Estado coordine las acciones para reducir vulnerabilidades, prevenir, mitigar y atender eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
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