El pasado 13 de abril, con 93 votos, el Pleno expresó a la ciudadanía de la provincia de Imbabura, en particular, a los habitantes de las zonas afectadas por los deslaves acaecidos en el cerro Imbabura, la solidaridad del pueblo ecuatoriano y su representación en la Asamblea, a la vez que exhortó al Presidente de la República declare en estado de emergencia en la provincia de Imbabura, con el objeto de resguardar la seguridad de la población que se encuentra en situación del alto riesgo, por lo que es necesaria la intervención ordenada de organismos del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos, así como destinar recursos necesarios de manera preferente.Como es de conocimiento público, el pasado 4 de abril, en diferentes sectores de la provincia de Imbabura, se produjeron fuertes lluvias que han provocado deslaves y desbordamientos de quebradas y cauces naturales provenientes del cerro Imbabura, entre ellas, la comunidad de Arias Urco de la parroquia Miguel Egas, del cantón Otavalo y las comunidades de Tanguarín y La Compañía de Jesús de la parroquia de San Antonio de Ibarra, pertenecientes al cantón Ibarra, causando la muerte de personas y la destrucción de bienes públicos y privados.
En la resolución, auspiciada por el asambleísta Celso Maldonado, se solicita al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables que, de manera definitiva, regule en el ámbito de sus competencias el funcionamiento de canteras, en precautela de la seguridad de sus ciudadanos. También, la intervención inmediata de las autoridades agrícolas para garantizar la conservación de los suelos y evitar el mal uso de la tierra y la invasión de las fronteras agrícolas, causas que derivan en deslaves y peligro de hundimientos.
Se incluye un exhorto a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para que, basada en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad, asegure la ejecución de las acciones concretas para precautelar la seguridad, la vida e integridad de las personas en condición de riego.
Esta declaratoria deberá disponer la asignación de recursos específicos para la prevención de riesgos a los que se encuentran expuestos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Imbabura, así como la movilización de los recursos que sean indispensables para la mitigación del daño.
Celso Maldonado explicó que esta catástrofe natural ha generado serios daños en el sistema de agua potable de la ciudad de Ibarra, cuya fuente se ubica en Guaraczapas de la parroquia La Esperanza; ha dañado puentes y vías de acceso, dejando incomunicadas a varias comunidades y barrios marginales de Ibarra y Otavalo, por lo que es necesario que el Estado coordine las acciones para reducir vulnerabilidades, prevenir, mitigar y atender eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
RSA/eg