El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 102, iniciada el pasado 11 de abril, ha desarrollado cinco jornadas de trabajo, dentro de las cuales seis vocales del Consejo de la Judicatura, CJ, han ejercido su derecho a la defensa, exponiendo su argumentos de descargo, frente a las acusaciones formuladas por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, sobre supuestos actos de corrupción en que habrían incurrido al dejar sin sanción a los jueces que permitieron la caducidad de la prisión preventiva de miles de procesados; presunto incumplimiento de funciones; tráfico de influencias; conflicto de intereses y presiones para que los jueces fallaran a favor de los intereses de determinadas personas; imprecisión en la declaración juramentada de bienes de uno de los vocales, entre otras.Benjamín Cevallos
La primera intervención, en orden alfabético, correspondió al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, quien subrayó que no existe una demanda debidamente estructurada, para proceder al enjuiciamiento político. Aseguró que, aparte de ello, durante la sustanciación del proceso, los vocales del CJ estuvieron en la indefensión, ya que no se les reconocieron las mínimas garantías del debido proceso.
Respecto de las inculpaciones en contra del vocal Luis Germán Vásquez, aseguró que ni el Pleno del Consejo de la Judicatura, ni su representante legal, conocieron esos hechos, pues nadie ha presentado ni siquiera una queja de las supuestas infracciones cometidas por él.
Marco Tulio Cordero
Mientras, Marco Tulio Cordero Zamora, el segundo encausado en ejercer el derecho a la defensa pidió al Pleno se le siga un juicio justo y se señale con claridad las infracciones que ha cometido en el desempeño del cargo.
Explicó que ingresó al Consejo hace apenas 21 meses, tras ganar un concurso de oposición y méritos, tiempo durante el cual nunca ha manejado dinero, ni ha tenido capacidad para gestionar nombramientos. “En mis 71 años no he cometido la más pequeña de las irregularidades. Hoy, en forma increíble, se han hecho insinuaciones injustas en contra de mi integridad, sugiriendo actos impropios”, dijo, al proponer que, inmediatamente concluida su intervención, se emita la resolución de su juzgamiento, determinando su inocencia en este proceso.
Oswaldo Domínguez
Entre tanto, el doctor Oswaldo Domínguez enfatizó que sí se establecieron sanciones a los jueces que permitieron que opere la caducidad de la prisión preventiva, dentro de los parámetros establecidos en la Ley.
Subrayó que no podían enjuiciar a los empleados judiciales, ya que ello les corresponde a los órganos de la Función Jurisdiccional, lo único que estaba a su alcance era la posibilidad de levantar sumarios administrativos, a fin de determinar el grado de culpabilidad y nada más, al recordar que la destitución procede únicamente luego de tres suspensiones temporales. Aclaró que en la solicitud de juicio político se debió especificar en qué faltas incurrieron los vocales del CJ, de manera personalizada, con las respectivas pruebas.
Herman Jaramillo
Herman Jaramillo Ordóñez, cuarto encausado en el juicio político contra los vocales del CJ, enfatizó que está en contra de la corrupción y a favor del cambio, como lo demuestran sus actos en el ejercicio de la judicatura. A la vez, pidió que en este juicio se garantice el debido proceso, con la independencia e imparcialidad, conforme lo establecido en la Constitución.
Precisó que la solicitud de juicio político tiene vicios de forma y de fondo, al no determinar hechos concretos que pudiesen constituir infracciones en el desempeño del cargo, por lo que no se conoce de qué se deben defender, al aclarar que, conforme la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, los vocales del período de transición tuvieron funciones limitadas e igualmente, en virtud de una transitoria de la Ley, se faculta al nuevo Consejo de la Judicatura a emitir los reglamentos indispensables para el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y la Ley.
Óscar León
De su lado, Óscar León Guerrón, señaló que responde por sus actos en el desempeño de funciones, no por los demás, al referirse a que muchas de las acusaciones están dirigidas al vocal Luis Germán Vásquez Galarza, mientras que otras se refieren al titular del CJ, Benjamín Cevallos, por lo que ellos deben contestar los temas atinentes a la corrupción, conflicto de intereses y acefalía de la judicatura.
Añadió que no existe acusación alguna en su contra, por tanto, ninguna tacha en sus labores ejercidas, al indicar que dentro del proceso de evaluación a los funcionarios, en el 2010, el Consejo de la Judicatura tramitó 484 sumarios administrativos, lo que da un promedio de dos casos por día, pues los vocales se reúnen martes y miércoles en sesiones ordinarias y extraordinarias; los jueves se destinan a sesiones de las comisiones, lo que demuestra un activo trabajo para cumplir las funciones establecidas en la Constitución y la Ley.
Homero Tinoco
El funcionario inició su alocución defendiendo su presencia en el Consejo de la Judicatura, cargo al que accedió tras ganar el concurso de méritos y oposición, por lo que desestimó las aseveraciones en el sentido que los actuales vocales del organismo son suplentes de los suplentes de los anteriores.
Centró sus argumentos en la creación de la Escuela Judicial, en cuyo manejo no están personas improvisadas. Explicó que para propiciar una adecuada capacitación de los servidores judiciales se establecieron convenios con la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, el Instituto de Propiedad Intelectual, la Superintendencia de Compañías, la Universidad Andina, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, entre otros, demostrando que se ha venido trabajando en este campo, con el fin de alcanzar una adecuada formación profesional.
Argumento del interpelante
El interpelante, Mauro Andino Reinoso, rebatió los cuestionamientos del presidente del CJ, argumentando que está confundiendo un juicio jurídico con un juicio de carácter eminentemente político.
Con el apoyo de videos, documentos y una exposición coherente, demostró que existió corrupción, acefalía e impunidad, en la administración del Presidente y los ocho vocales del organismo.
Afirmó que el tráfico de influencias está plenamente demostrado, según consta de los testimonios de la doctora Victoria Chang Huang de Rodríguez, exjueza civil de Pichincha, así como por parte de la abogada Mary Guzmán, quien asesoró al exvocal del CJ, Víctor Hugo Castillo, que fueron sancionadas injustamente.
Respecto del vocal Marco Tulio Cordero Zamora, pidió que admita que sabía las irregularidades que se daban en la institución. Dijo que, al parecer, “los vocales sufren de amnesia; y, de mentiras y más mentirás”, subrayó
Recordó que, según lo expresado por el Presidente del CJ, entre los años 2008, 2009 y 2010, hasta este tiempo, se han producido más de 40 000 audiencias fallidas, que han derivado en la caducidad de la prisión preventiva, sin embargo: ¿Qué ha hecho el CJ para evitar esa caducidad?.
En torno a Oswaldo Domínguez, aseveró que mientras en la Comisión de Fiscalización habló de transparencia, que él es respetuoso de los reglamentos y de la ley, en los concursos de méritos y en los nombramientos del personal, fue evidente la existencia de represalias, mentiras y falta de transparencia en los concursos de méritos y oposición para los cargos en la Función Judicial.
Los vocales del Consejo de la Judicatura no han sido capaces de dictar políticas para mejorar el nefasto sistema judicial que existe en el país y que se justifica, vanamente, con endilgarle esa responsabilidad al Consejo Consultivo, expresó al desestimar los justificativos de Herman Jaramillo, pues la prueba de esa falta de capacidad se evidencia cuando, en menos de dos años, se produjeron más de 40 000 audiencias fallidas en materia penal.
Destacó que la interpelación a Óscar León tiene singular importancia, porque como presidente de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, tuvo responsabilidad directa en varias de las irregularidades que se han registrado al interior de ese organismo, como la prescripción de sumarios administrativos, tráfico de influencias, conflicto de intereses, impunidad, entre otras.
Frente a la defensa de Homero Tinoco, indicó que él, en su calidad de presidente de la Comisión Administrativa Financiera del CJ, es el responsable de que la institución funcione, colapse o se vaya al desastre y, en el presente caso, no fue capaz de ejecutar adecuadamente el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para el ejercicio fiscal de 2010. De 219 millones de dólares, se devengó solo 199 millones, devolviéndose 20 millones, de acuerdo a la certificación otorgada por el Ministerio.
Continuación
La sesión 102 se reinstalará este martes, a las 09:30, para continuar con el juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura que aún no se han presentado ante el Pleno. Se trata de los doctores Ulpiano Salazar, Jorge Vaca Luis Germán Vásquez.
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