Se calcula que en el Ecuador alrededor de un millón y medio de personas viven formalmente bajo el régimen de copropiedad o propiedad horizontal, dijo la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, al dar a conocer las razones por las que es necesario aprobar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de propiedad Horizontal, de su autoría, en razón de que ayuda a resolver problemas de la convivencia diaria en este tipo de construcciones.
Indicó que la ley que hoy regula al país la propiedad horizontal tiene más de 50 años. Si bien es necesaria una reforma integral sobre esta temática, pero mientras se hace esta reforma total es indispensable corregir algunas cosas que representan problemas inmediatos en la convivencia en este tipo de sistemas.
Explicó que la reforma principal de este proyecto de ley es cambiar el requisito de unanimidad por el de la voluntad de las dos terceras partes de quienes formen parte de la copropiedad, sin que esto se convierta en una flexibilidad para que se hagan mejoras o alteraciones estructurales que podrían modificar no solo las ordenanzas, los permisos o la planificación urbana en una ciudad.
Para evitar malas interpretaciones propuso incorporar en el informe que además de la autorización de los dos tercios de los condóminos se requerirá la autorización del Municipio correspondiente.
En los casos de alteraciones estructurales o de modificaciones en la construcción, la asamblea de copropietarios deberá conocer un informe técnico de la propuesta de modificación o aumento antes de pronunciarse o hacer conocer al municipio, es decir, que los copropietarios conozcan con un informe técnico cuáles serían las consecuencias de una alteración estructural en su edificación.
En cambio, cuando los condominios estén conformados por torres, bloques o etapas que las decisiones se refieran a las dos terceras partes de cada bloque o etapa.
En lo relacionado al cobro de las alícuotas, señaló que éste es un problema de los condóminos porque hay abusos, pues cuando no pagan le suspender los servicios de agua potable y energía eléctrica, conflictos que van más allá de lo que debería ser procedimientos legales, por lo que planteó que en la normativa se establezca claramente que la liquidación que determina la deuda de los copropietarios, realizada por el administrador del condominio, es un título ejecutivo y contiene una obligación ejecutiva. De esta manera se podría acelerar y dar el trámite correcto al cobro de esta alícuota.
Finalmente reiteró que la ley requiere una reforma integral. No es posible integrar todos los temas en este debate porque además habrá que ser muy cuidadoso en la regulación ya que un buen número de personas viven en este régimen.
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