En el marco del primer debate del proyecto de Ley Derogatoria de las leyes de creación de empresas para la prestación del servicio público del agua potable y alcantarillado y del Consejo de Gestión de Aguas de la cuenca del Paute y de la Junta de Recursos Hídricos de Jipijapa, Paján y Puerto López y extinción de concesiones, la asambleísta Mariángel Muñoz, sugirió que no sea una ley derogatoria, sino reformatoria, para lo cual planteó la conformación de un Consejo.Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la asambleísta Muñoz informó que han mantenido reuniones con los alcaldes de la región 6, así como los asambleístas de Azuay y Cañar, y que plantearán oficialmente que se trate este proyecto como una Ley reformatoria, argumentando que el Consejo de Aguas del Paute ha tenido una importante trayectoria dentro del manejo de los recursos hídricos.
En este sentido, consideran que el organismo como tal no puede seguir existiendo, de acuerdo con la normativa Constitucional, por lo que proponen la conformación de un consejo donde participen, tanto los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades y las Juntas de Regantes Comunitarias y Privadas.
Resaltó la importancia de la participación y consensos a los que han llegado, que permitirá dar una alternativa al proyecto de ley, al precisar que en esta propuesta también se establecen funciones para este Consejo, que le darían valía a los proyectos e investigaciones que se vienen realizando en el Consejo de Paute.
De su lado, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, desde su curul, pidió al asambleísta Paco Moncayo retire la moción previa de archivo, argumentando que en el caso específico de los municipios de Manabí, en la Junta de Recursos Hídricos, lo que se ha visto es la necesidad de crear una mancomunidad municipal que le permita, al mismo tiempo, no perder las competencias privativas de los gobiernos autónomos descentralizados.
Indicó que los alcaldes aspiran no perder las rentas que hoy tiene la Junta de Recursos Hídricos, que podría darse temporalmente, hasta que empiecen a funcionar autónomamente como organismos descentralizados y puedan recibir todas las asignaciones que les corresponde hoy a esa junta hídrica, a favor de esta mancomunidad.
Estimó que la Asamblea podría aplicar el mismo tema de Manabí al caso de los municipios de Esmeraldas, que tienen un problema parecido. Y, en lo que atañe a la Cuenca del Paute, la situación sería equivalente a lo que prevé el proyecto de Ley de Agua en torno a los Consejos de Cuenca o de los Consejos de Subcuenca, que son organismos en donde deberían estar, no solo los gobiernos locales, sino los usuarios del agua de riego y del agua potable.
En respuesta, Paco Moncayo señaló que sus razones para pedir el archivo respondían a que una ley derogatoria no puede crear derechos, así mismo, el proyecto original atentaba contra de competencias claras de gobiernos municipales; y, las normas establecidas en el Código de Organización y Ordenamiento Territorial, Cootad; mas, con la propuesta del Presidente de la Legislatura, que preserva los intereses y derechos de los pueblos manabitas y azuayos, retira su pedido de archivo.
Andrés Roche demandó que debe ser la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, la que revoque las concesiones, que hoy no tienen razón de ser. Tito Niton Mendoza aseguró que no tiene por qué existir otro organismo regional, solo debe derogarse la ley de creación de ese organismo y traspasar sus rentas a los municipios del sur manabita, dándoles las competencias que tenían las juntas.
Entre tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, recalcó que lo que procede es continuar con el trámite de la ley y recoger las observaciones emitidas en el Pleno, dentro de las atribuciones de la Asamblea y lo que corresponde al organismo legislativo es buscar si hay una salida jurídica que viabilice la conformación de las mancomunidades.
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