La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, anticipó que, por decisión de este organismo, pedirá que la Asamblea apruebe una resolución de rechazo al decreto 813, emitido el martes pasado por el presidente Rafael Correa, y que contempla la figura de renuncia obligatoria en el servicio público.Nivea Vélez, subrayó que el planteamiento de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social no solo prevé el rechazo del Decreto 813, sino, que se demande su inconstitucionalidad, porque a todas luces violenta principios constitucionales.
Insistió que este tema lo conoció y resolvió la Comisión, por lo que para la próxima sesión del Pleno de la Asamblea propondrá que se trate un proyecto de resolución sobre esta materia.
Agregó que los servidores públicos también tienen previsto demandar la inconstitucionalidad de este decreto, ya que a través del mismo se violan la Ley y la Constitución, al señalar que una Ley Orgánica no puede ser reformada mediante decreto.
Recordó que el presidente Rafael Correa, a través de veto, pretendió la renuncia obligatoria, pero el Pleno de la Asamblea insistió en su texto original, en el sentido de que no debe haber esa figura en la Ley de Servicio Público, por eso espera tener los votos suficientes para rechazar la medida adoptada por el Ejecutivo, agregó.
Sostuvo que en la Ley de Servicio Público que se aprobó en la Asamblea fue rechazada la pretensión de incluir la “renuncia obligatoria”. Esta figura es un contrasentido y no tiene lógica jurídica, pues no se trata de una renuncia como tal, sino de un despido intempestivo, lo cual es más grave que una supresión de partida.
Recalcó, que el decreto 813 también afecta la estabilidad laboral de los funcionarios públicos, garantizada en el artículo 23 de la Ley.
En el numeral 13, del Art. 147, de la Constitución, se señala que “son atribuciones del presidente expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas”.