Sobre la base de los aportes obtenidos del informe de las Naciones Unidas del progreso de las mujeres en el mundo, en busca de la justicia, se realizó el taller sobre Derechos de las Mujeres y Justicia Indígena, en el que se analizó la competencia por materia en la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria.La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, organismo que desarrolló este encuentro, resaltó que la Constitución establece la administración de justicia indígena y el ejercicio de la justicia indígena como un derecho consuetudinario no podrá violar los principios y derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Informó que la semana pasada se presentó el informe de ONU Mujeres, sobre el acceso de las mujeres a la justicia en todo el mundo y hay un capítulo dedicado al tema del derecho de las mujeres y derecho consuetudinario y derecho indígena.
Sobre el acceso de las mujeres a la justicia y al pluralismo jurídico, en el documento de análisis se determina que en los sistemas jurídicos plurales, la discriminación contra las mujeres se hace evidente en tres áreas, en primer lugar las leyes de familia -a menudo- contienen disposiciones distintas para mujeres y hombres. La segunda, radica en que, con frecuencia, los sistemas judiciales que se basan en una doctrina religiosa o en la costumbre no tienen sanciones contra la violencia de género. La tercera se refiere a que la discriminación nace del sesgo con que se aplican ciertos procesos, en contra de las mujeres.
Las leyes de propiedad y de la familia –que regulan el matrimonio, el divorcio, la manutención y la custodia de las hijas e hijos– son las que tienen mayor impacto en la vida de las mujeres pero, a su vez, son las que con más frecuencias están sujetas a la pluralidad jurídica. La familia es el núcleo de la identidad de una comunidad y, por esa razón, son varios los estados que han impuesto reservas a los artículos que abordan estos ámbitos, aduciendo motivos culturales o religiosos para restringir o eludir la aplicación de dichas disposiciones.
María Paula Romo, con esta oportunidad, sostuvo que se continúa con los talleres de trabajo que se han organizado en los últimos meses con diferentes organizaciones sociales, internacionales e instituciones del Estado y que, incluso, se realizó una videoconferencia de trabajo con el relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, abogado James Anaya, en el que se recibieron valiosos aportes.
De su lado, María Andrade, del Programa Regional Indígena de la ONU Mujeres, presentó un informe de trabajo elaborado para el período 2011-2112.
El evento, que se desarrolló en el salón del Exsenado de la Asamblea Nacional, contó con la presencia de varios asambleístas, así como de Ana Lucía Herrera, de la Comisión de Transición y de representantes de diferentes grupos sociales e indígenas. Igualmente, participó, desde la provincia de Imbabura a través de conexión virtual, con la coordinación de la asambleísta Marisol Peñafiel, un representativo grupo de mujeres indígenas.
En este espacio de trabajo se analizaron importantes temas que servirán para enriquecer el informe del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, que analiza este organismo legislativo.
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