Los asambleístas Nivea Vélez, Magaly Orellana, Línder Altafuya, Jorge Escala, Ramiro Terán, César Rodríguez, Fernando González y Lourdes Tibán, de la Bancada Progresista de Izquierda Plurinacional, solicitaron que en la sesión del Pleno convocada para mañana se conozca el proyecto de resolución, a través del cual plantean revocar el estado de excepción en la Función Judicial.También anunciaron un juicio político al Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición Paulo Rodríguez, por supuesta violación a la autonomía administrativa y financiera de la Función Judicial, para lo que han iniciado el proceso de recolección de firmas, previo a la formalización del proceso de control político.
Magaly Orellana rechazó “la declaratoria de estado de excepción a la Función Judicial por ser inoportuna y constituir una clara intromisión del Ejecutivo en la Función Judicial poniendo de pretexto resolver problemas por los que atraviesa esta función, con el supuesto objetivo de evitar y prevenir una eminente conmoción interna”.
Advirtió que no les sorprende que esta medida se la extienda durante los 18 meses en los que tienen que realizarse esos cambios, al tiempo de preguntar “por qué el estado de excepción, si el mandato del pueblo ecuatoriano en la pregunta 4 de la consulta popular del 7 de mayo encargó al Consejo de la Judicatura que reestructure todo el sistema judicial”.
Comentó que “la movilización del personal que consta en el decreto Ejecutivo atenta contra las libertades” al tiempo que indicó que no descartan juicio político al Presidente de la Judicatura Paulo Rodríguez, por violar la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Por su parte la asambleísta Nivea Vélez informó que ante la Presidencia de la Asamblea presentaron un proyecto de resolución que busca la revocatoria del estado de excepción en la Función Judicial, al tiempo de indicar que si bien el artículo 164 de la Constitución le faculta al Presidente de la República declarar el estado de excepción, establece con precisión las condiciones para decretar este estado de excepción. “Ésta es una violación a la autonomía administrativa y financiera de la Función Judicial”.
Informó que además piden que se investigue las razones que motivaron al Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición solicitar la declaratoria del estado de excepción, por lo que debe comparecer ante el Pleno de la Asamblea.
Adicionalmente, sugirió la comparecencia del Ministro del Interior para que informe cuál es el estado de conmoción que está viviendo el país que justifique la declaratoria.
Por último César Rodríguez, expresó que “el decreto constituye una ruptura fáctica del estado constitucional de derecho y el Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición debe responderle al país, porqué desobedeciendo el mandato del pueblo ecuatoriano, entrega y somete el proceso de transformación de la justicia ecuatoriana a la voluntad de una función del Estado al Ministerio de Justicia”.
Indicó que el juicio político al presidente de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, es el inicio de un proceso de investigación que determinará si es responsable de la violación de la Constitución sólo él o si es todo el organismo y por lo tanto, el organismo como institución tendrá que responder por el incumplimiento de la Constitución y la ley, a la vez que expresó que han iniciado el proceso de recolección de firmas de respaldo.
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