Garantizar la transparencia, eficiencia, agilidad, calidad en la contratación pública; la necesidad de avalar la responsabilidad ambiental y social; fortalecer las veedurías ciudadanas en cada localidad; la obligatoriedad del uso de mano de obra de cada jurisdicción en los contratos; establecer una semana de plazo entre la convocatoria de la oferta y la presentación del oferente; determinar un tiempo específico para el cobro de planillas y así evitar la corrupción de toma y daca, fueron los temas que los asambleístas consideraron deben constar en las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Así mismo, se mostraron partidarios que los gobiernos autónomos descentralizados mantengan su autonomía en la contratación y puedan hacer uso inmediato de las pólizas, en caso de incumplimiento de una empresa, para poder contratar directamente con otra para que no se paralice la obra; y, fortalecer la economía popular y solidaria para evitar su exclusión.
Consideraron necesario evitar la tramitología en la administración pública. Para garantizar el avance de las obras, se requiere utilizar tres turnos de ocho horas; que los constructores, con personal técnico, puedan asociarse para realizar tareas medianas y grandes; fortalecer mecanismos de control en esta materia; y, que los parámetros de calidad, no solo se midan con los estándares internacionales, sino de acuerdo con la capacidad productiva y prestación de servicios de cada jurisdicción.
Agregaron que, a través de estas modificaciones a la Ley de Contratación Pública, se debe cerrar filas a la corrupción. Además, generar igualdad de condiciones en los concursos de obra pública; determinar con claridad que la única entidad que puede suspender las obras, cuando no se realicen con procedimientos técnicos, sea el gobierno autónomo descentralizado y no dar esta potestad al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), sino que este órgano rector tenga la facultad de suspender e inhabilitar del sistema a las compañías aseguradoras que hayan incumplido las garantías contractuales.
En el debate de este tema, los parlamentarios de distintas bancadas legislativas resaltaron el trabajo desarrollado por los integrantes de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, presidida por el asambleísta Virgilio Hernández, al pedir que analicen a profundidad la reforma del artículo 62, que se refiere a las inhabilidades generales, porque es la parte medular del proyecto y que se amplíe el monto de ínfima cuantía, en el caso de Galápagos.
Propusieron que el Ministerio de Inclusión Económica se incorpore al SERCOP, como ente activador de la economía solidaria, que se debe reflejar una nueva concepción democrática y solidaria de la economía, por tanto, planificar el cronograma de ferias inclusivas a nivel nacional y local.
Luego de la intervención de 21 legisladores, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recordó que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tienen tres días para enviar las observaciones a la Comisión para que sean analizadas en la elaboración del informe para segundo debate.
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