La presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para Personas con Discapacidad, María Cristina Kronfle Gómez, presentó, al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad.
El proyecto tiene como propósito garantizar la aplicación de políticas públicas y sociales para lograr la prevención de la discapacidad y asegurar la plena vigencia, promoción y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley; así como aquellos que se deriven de leyes conexas.
Esta normativa fue unificada para su estudio y tratamiento, con los proyectos, preparado por el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, denominado “Proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades”; y, otro de iniciativa de la asambleísta María Cristina Kronfle, “proyecto de Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”.
El documento, que contiene 134 artículos, 4 disposiciones generales, 14 transitorias, una disposición derogatoria y una final, tiene como fin establecer el sistema de coordinación interinstitucional para la transversalización de las políticas públicas en el área de discapacidades; promover e impulsar un sistema de prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad; garantizar y promover la inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos público, privado, educativo, laboral, seguridad social y salud, entre otros.
Entre los temas que regula la Ley de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad consta la definición de personas con discapacidad; genética humana; seguros de vida o salud; derecho a la educación; educación para el lenguaje; becas; educación superior; políticas laborales; permiso para tratamiento y rehabilitación; crédito preferente, préstamos hipotecarios y quirografarios; accesibilidad; tarifas preferenciales y exenciones arancelarias; exoneración del pago de derechos de autor; seguridad social; centros de acogida y albergues; consejo nacional de igualdad y defensa de las personas con discapacidad; procedimiento y sanciones.
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones iguales y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, despido e indemnización personal y en cuanto a todos los demás términos, condiciones y privilegios de los trabajadores, tanto en el sector público como privado; excepto, aquellas actividades laborales que implican riesgo para su integridad.
El Consejo Nacional de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad en coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales elaborará las políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con discapacidad.
Previo a la presentación de informe para primer debate, la Comisión mantuvo reunión de trabajo con la Subsecretaria de Planificación y Políticas Públicas de la Senplades; representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social; asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República; con investigadores del Síndrome de Laron; Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador.
En varias de las sesiones de la comisión, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de la Política y Ministerio de Educación Inclusiva y Especial.
Se recogieron sugerencias, observaciones y peticiones expuestas en las diferentes sesiones, foros de análisis de los proyectos de ley, efectuados a nivel nacional y a través del envío físico y electrónico de aportes de la ciudadanía.
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