En la sesión 130 del Pleno, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, al destacar que el proyecto fue socializado con todas las autoridades de los cantones y provincias fronterizas, con autoridades del gobierno central; senadores y legisladores de Colombia y asambleístas de estas jurisdicciones, aseguró que se acogieron los aportes en el texto que analizan los asambleístas.
Dijo que es necesario efectivizar la preferencia constitucional mediante mecanismos concretos que favorezcan la inversión pública en las zonas fronterizas; que hay que otorgar atención preferente a las iniciativas de hermanamiento y desarrollo fronterizo binacional; estimular el desarrollo endógeno mediante el fortalecimiento de las capacidades locales en las fronteras; así como Incorporar a los gobiernos parroquiales y provinciales fronterizos como parte de las entidades involucradas en los fines y objetivos de esta ley.
Indicó que no fueron acogidas las propuestas que afectan de modo directo al Presupuesto General del Estado, contradiciendo el artículo 135 de la Constitución; planteando una metodología que incorpora la atención preferencial de las zonas fronterizas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se prevé el incremento de la ponderación (en el criterio poblacional) al 150% en la distribución de los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE) a favor de los GAD fronterizos. Se podrá revisar el porcentaje, pero no reducir; de la misma manera, los GAD regionales y provinciales deberán priorizar en sus presupuestos la atención al desarrollo de sus territorios fronterizos. Para la aprobación del Plan Anual de Inversiones del PGE se dará un tratamiento preferencial a los programas y proyectos de inversión que promuevan el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos y sus parroquias.
Agregó que se crearán las Comisiones Intersectoriales Nacionales y las Comisiones Intersectoriales Territoriales para la planificación del desarrollo. Se transversalizará en todos los niveles educativos los contenidos específicos que aporten a la construcción de la cultura de paz. Se fortalecerá la capacidad de intervención y protección de las instituciones de seguridad pública para prevenir, aislar y defender a la comunidad de acciones violentas del crimen organizado; así como, capacitar a la policía en la investigación y persecución de los delitos prevalentes en esos territorios; prestar atención especial a las víctimas de delitos de trata, explotación sexual, laboral y otras formas de explotación; implementar un programa de protección de víctimas y testigos; prevenir y denunciar la utilización de niños en conflictos armados.
Subrayó que el Gobierno Nacional deberá con los GAD limítrofes generar acciones para desarrollar la información y comunicación en las zonas fronterizas, priorizando la cobertura de los medios públicos, así como también, definir políticas públicas que otorguen un tratamiento preferencial a las zonas fronterizas; proveer asistencia técnica especializada a los GAD; establecer líneas de crédito preferenciales para fomentar el desarrollo; favorecer el acceso a la tierra, agua, riego, crédito, comercialización y conocimiento; asignar un porcentaje obligatorio para la construcción de vías de penetración hacia las comunidades rurales fronterizas.
Además, garantizar el crédito a las comunidades, pueblos y nacionalidades que tienen posesión efectiva de sus tierras y territorios; implementar procedimientos de contratación pública preferenciales para organizaciones y unidades económicas populares de las zonas para las zonas.
La normativa busca la exoneración total o parcial de tributos y de aranceles de importación en equipos y maquinaria para las inversiones en zonas productivas fronterizas; financiación (en un porcentaje) a los proyectos productivos definidos por el Comité Interinstitucional de Desarrollo Territorial; los sitios de tráfico fronterizo (terrestres, marítimos o fluviales) tendrán preferencia para convertirse en Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), añadió.
Se plantea la atención preferente para desarrollar las actividades turísticas, especialmente las comunitarias y rurales y la protección y aprovechamiento de la biodiversidad. Se consideran programas de capacitación y formación profesional y del empleo juvenil y se determina que las vacantes en las entidades públicas deben ser cubiertas preferentemente por los residentes fronterizos y se propone la elaboración de incentivos para favorecer la contratación del empleo local.
Finalmente, precisó que la Comisión considera que es necesaria e impostergable la incorporación de las fronteras al desarrollo nacional, mediante iniciativas impulsadas por las entidades públicas, las organizaciones comunitarias y privadas. Esto presupone de la dotación de infraestructura social y económica, el incremento de la cobertura y la calidad de los servicios básicos, la promoción de actividades productivas y el fortalecimiento de la capacidad de gestión local. Para ello, el gobierno central debe desempeñar un papel de promoción y estímulo, fomentando la creación de un marco normativo e institucional.
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