La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presisida por el asambleísta Carlos Samaniego, recibió a una nutrida delegación de ex funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, (CNT-EP), quienes denunciaron que fueron despedidos, con lo que se afectaron sus derechos y garantías contemplados en la Constitución.
La abogada Emelda Valdez, ex funcionaria de la institución, manifestó que el 24 de junio del presente año, la CNT, despidió aproximadamente a 600 trabajadores, violando los derechos consagrados en el Art. 326 numerales 2 y 10 de la Constitución.
Explicó que en el grupo que se despidió hay personas que estaban en goce de sus vacaciones, embarazadas, discapacitados, con permisos médicos, entre otros, al tiempo de aclarar que si la Corporación de Telecomunicaciones quiere separar personas debe hacerlo con apego a la normativa constitucional y legal.
También dijo que el 22 de julio, día en que se procedió a liquidar, en las actas de finiquitos se manifiesta que “se deja expresa constancia que entre ellos no queda pendiente obligación de pago por concepto alguno, ya que se le han pagado todos los rubros derivados de la contratación colectiva y la legislación laboral vigente a la fecha”.
Argumentó que los valores de la contratación colectiva no están reflejados en el acta de finiquito y solamente se los liquida sobre la base de los Arts. 185 y 188 del Código de Trabajo, por lo que solicitan que la comisión interpongan acciones, a fin de que las autoridades correspondientes cumplan el pago de sus liquidaciones con respeto a la ley, considerando que gozaban de estabilidad, conforme consta en la cláusula 7 del contrato colectivo.
Agregó que existen personas que tienen 25, 28, 35 y hasta 38 años, que han trabajado en beneficio de la institución y que les parece injusta la forma como fueron despedidas.
Trabajador autónomo de Santo Domingo
Así mismo, la comisión recibió a un grupo de los trabajadores de bares y afines de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, quienes denunciaron que están siendo perjudicados por el Intendente de Policía de esa jurisdicción.
El abogado Jorge Viña, quien los representa jurídicamente, argumentó que la Constitución garantiza el trabajo autónomo, pese a lo cual muchos establecimientos que se dedican a esta actividad en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas son objeto de atropellos y vulneración de sus derechos.
Señaló que frente a esta situación uno de los dueños de estos lugares acudió a la Corte Constitucional, la que aceptó a trámite una acción de protección dejando sin efecto un acto administrativo del Intendente de esta localidad que ha impuesto sanciones a varios establecimientos comerciales, que constituyen el sustento económico de muchas familias.
Por las razones expuestas solicitó a la Comisión que exhorte a los organismos del trabajo, a los ministerios del Interior, de Turismo y de Justicia, a fin de que se tomen los correctivos necesarios.
Dos de las perjudicadas, Carmen Quimis y Elena Proaño, argumentaron, en el primer caso, que en su local fue puesto el “sello de clausura”, sin respetar el amparo constitucional impuesto por el juez de Garantías Constitucionales y, en el segundo, que pese a que se le concedió el permiso de funcionamiento de un bar, a los dos meses se le quitó sin sin ninguna justificación.
Ex trabajadores de la Empresa Eléctrica de Guayaquil
En otro orden, a pedido del asambleísta Enrique Herrería, la comisión decidió recibir en la próxima sesión a un grupo de jubilados de la Empresa Eléctrica de Guayaquil, quienes expondrán sobre un supuesto perjuicio que se les estaría ocasionando por parte de esta institución, al no pagárseles íntegramente los beneficios de la jubilación contemplados en el contrato colectivo.
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