“Nosotros los campesinos, indígenas negros y los montubios, vivimos las formas de pobreza y de hambre más crudas y diversas de las naciones”, expresó el asambleísta Pedro de la Cruz, en el Panel “Los Derechos a la Tierra, a la alimentación y a la nutrición: Hacia la Construcción de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos”, que se realizó con oportunidad de conmemorar del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Pedro de la Cruz, quien forma parte de la Comisión Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, señaló que el hambre y la pobreza, los ejes vertebrales de la ignominia, no traspasan de manera unilateral los umbrales de las estructuras sociales, económicas y políticas que sustentan el modelo de “desarrollo capitalista” dominante y explotador, por eso “estamos de acuerdo con que el desarrollo y el reconocimiento de los derechos humanos son el resultado de siglos de luchas”.
Manifestó que en la Constitución y gracias a una dura pelea fue posible introducir conceptos específicos como los derechos colectivos de comunidades pueblos y nacionalidades; derechos más generales, como los derechos de la naturaleza y la Constitución, y dentro de éstos, el derecho humano al agua , a la alimentación, tomando como marco de referencia la soberanía alimentaria como objetivo estratégico y obligación del Estado para garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados.
Al precisar que el acuerdo del milenio proclamado por las Naciones Unidas constituye una utopía muy lejos de alcanzar, recalcó que la lucha por la tierra, el agua, por condiciones de vida dignas a lo largo de toda la existencia ha permitido avanzar en la conquista de alguno de sus derechos.
Sin embargo, dijo, la deuda del Estado ecuatoriano con el agro, aún no se concreta, están pendiente varios de los temas determinados en Constitución, una ley que redistribuya de manera equitativa el agua, una ley que rompa de una vez por todas la inequidad en el acceso a la tierra, una ley que instituya y regule los consejos nacionales de igualdad, que serán finalmente las instancias que permitirán asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Nos parece oportuna y necesaria una auditoría social respecto de las políticas públicas, para solucionar los problemas del hambre y la pobreza, misma que debe realizarse a la luz de la normativa legal y desde la presión social que debe reclamar desde su perspectiva el derecho a la participación instituida en la Constitución ecuatoriana, concluyó.
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