La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Scheznarda Fernández, convocó a sesión para mañana, 1 de noviembre, a las 10h30, a fin de analizar la situación generada por la separación de servidores públicos, en base a la figura de la renuncia obligatoria, establecida en el Decreto Ejecutivo 813, publicado en el Registro Oficial 489, del 12 de julio de 2011.
En el decreto el mandatario reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y dispone que “las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra K) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestada, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas.
El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo.
Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración.
La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior”.
Ministro de Relaciones Laborales
En este sentido, la asambleísta Silvia Salgado, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, afirmó que en las diversas provincias existe alarma y desconcierto frente a las medidas tomadas por el Ministerio de Relaciones Laborales en aplicación de la LOSEP y al Decreto Ejecutivo 813, por lo que han sido requeridos por la ciudadanía a dar una respuesta frente a lo que se considera una violación a los derechos laborales.
Dijo que “ésta es una razón para solicitar de manera urgente sea invitado a comparecer el Ministro de Relaciones Laborales ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, para que explique constitucional y legalmente la aplicación de estas medidas que de lo que se conoce se tomó de forma indiscriminada, injusta e ilegal”.
Señaló que entre los funcionarios separados constan mujeres embarazadas, empleados y empleadas próximos a jubilarse, servidores que habrían alcanzado un puntaje satisfactorio en la evaluación, entre otros, ante lo cual “nos preguntamos dónde está el debido proceso, el derecho a la defensa, la estabilidad laboral, la igualdad frente a la ley”.
RSA/pv
