Después de cerca cinco horas de deliberaciones, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, con siete votos afirmativos, resolvió demandar del Ministerio de Relaciones Laborales se abstenga de continuar entregando las acciones de personal de renuncia obligatoria a las servidoras y servidores públicos y demandar el inmediato reintegro de los cesados.
Así mismo, decidió demandar de las autoridades estatales respeto al buen nombre y a la dignidad de las y los servidores públicos cesados y sus familias; condenar la forma inhumana e improcedente en la que los servidores públicos fueron notificados y obligados a firmar la renuncia, con la presencia de la fuerza pública.
Además, exige a la Corte Constitucional que adopte de inmediato medidas cautelares para que cesen los efectos de la aplicación del Decreto No. 813 y trate de manera urgente a las demandas de inconstitucionalidad que contra el mencionado decreto ejecutivo fueron presentadas oportunamente.
La Comisión, solicita al Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convoque a los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinoza Guzmán y del Interior, José Serrano, en su calidad de máxima autoridad de la Policía Nacional, al seno de la Asamblea Nacional, a fin de que expliquen sus actuaciones.
Decidió exhortar al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, para que derogue el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 cuya aplicación lesiona derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador.
Previo a la aprobación de la resolución, se presentaron propuestas de proyectos por parte de los asambleístas Kléver García, Jorge Escala, Consuelo Flores, Nivea Vélez , Silvia Salgado y Enrique Herrería.
En este marco, la asambleísta Silvia Salgado manifestó que lamentablemente la decisión que tome la Comisión sobre el tema, no tiene efecto vinculante.
Por su parte Betty Carrillo expresó que lo más coherente era pedir al Presidente de la República que suspenda el decreto, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, que es lo constitucional y legal.
La comisión también recibió los pronunciamientos de dirigentes de la Federación Nacional de Servidores Públicos, la Confederación de Profesionales de la Salud del Ecuador; Unión General de Trabajadores del Ecuador; del Sistema Penitenciario del país; Federación de Médicos del Ecuador; Red Inter Sindical de Migraciones Laborales y Trabajador Decente. Además en representación del Ministro de Relaciones Laborales acudió , el viceministro de Servicio Público, Juan Fernando Salazar.
Así mismo estuvieron presentes, la presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Lourdes Tibán, Fernando Aguirre, Jorge Escala y Guido Vargas.
El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, al argumentar que todo lo que se apruebe en la Asamblea tiene valor legal, dijo que la figura de compra de renuncia obligatoria ya fue rechazada por la Función Legislativa.
Manifestó que “todo lo que se compra está de venta y el trabajo del servidor público no es una mercancía ni menos está de venta” y que en ninguna parte de la Ley de Servicio Público existe la figura de la renuncia obligatoria.
Por su parte Raúl Moscoso, de la Confederación de Profesionales de la Salud del Ecuador, señaló que existe una violación en serie en contra de los derechos de los trabajadores, calificando la medida como “Plan nefasto de despido masivo”.
Nelson Erazo, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, responsabilizó a los Ministros de Salud y de Relaciones Laborales por las consecuencias del despido de profesionales en salud.
Del sistema Penitenciario, Alfredo Aguilar, y un grupo de trabajadores despedidos, manifestaron que no se ha considerado la jubilación, ni la renuncia voluntaria.
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