Con la finalidad que la compra de renuncias con indemnización bajo ningún concepto ni circunstancia sea obligatoria, sino únicamente previa la presentación por escrito por parte de la servidora o servidor público en el que se señale la voluntad de acogerse a dicha indemnización, el asambleísta Leonardo Viteri presentó un proyecto de Ley Interpretativa del literal k) del artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
El legislador menciona que al aprobarse este proyecto, la Asamblea dará una solución a la situación de los servidores públicos cesados por el Ministerio de Relaciones Laborales bajo la figura de la "renuncia voluntaria obligatoria".
Para ello, se incluye una disposición general, mediante la cual toda acción de carácter administrativo que se haya dispuesto por parte de las autoridades de las instituciones del Estado, de sus organismos, dependencias, servidoras o servidores públicos y de las personas que actúen en virtud de una potestad estatal que no se sujeten a la presente interpretación, carecerá de eficacia jurídica.
Viteri sostiene que se ha producido una verdadera conmoción social por el despido de alrededor de 2700 empleados y servidores públicos, muchos de los cuales son jefes de hogar y el sustento único de muchas familias ecuatorianas.
El Ministro de Relaciones Laborales ha aplicado, para este efecto, un Reglamento que a todas luces es inconstitucional, pues contradice las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de octubre del año pasado y que a decir de muchos analistas, varias de las normas constantes en dicho cuerpo legal, fueron el detonante para los actos injustificables sucedidos el 30 de septiembre de 2010 en las instalaciones del Regimiento Quito y otras unidades tanto de la Policía Nacional, con las consecuencias que son de dominio público, argumenta en la exposición de motivos del proyecto.
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