Marco Pérez, en representación del Colectivo de Trabajadores de la Comunicación, activista y militante por la dignificación de la comunicación social, enfatizó que para lograr una real y efectiva libertad de información, lo primero que tendría que pedirse es la ruptura del control oligopólico de la comunicación en el país y exigir la consecuente socialización y democratización de la propiedad de todos los medios o, por lo menos, una sólida normativa como la Ley de Comunicación propuesta, que establece claros y efectivos mecanismos de control social sobre los medios.
Al ser recibido por el Pleno de la Asamblea, al concluir el debate del proyecto de Ley de Comunicación, subrayó que la comunicación ha sido absorbida por la voracidad del mercado y que la cruzada que hoy emprenden los empresarios y gremios afines, en oposición a la aprobación de esta ley, busca omitir la elemental constatación de las condiciones materiales que sustentan la gestión de la comunicación social y se ensañan con una Ley que busca reivindicar y dignificar el ejercicio del periodismo con responsabilidad social y la comunicación, como un servicio y no para servirse de ella.
Dijo ser parte de un grupo de los comunicadores víctimas de la censura previa impuesta por los empresarios de la comunicación; víctimas de la explotación laboral; víctimas del gobierno represivo de León Febres Cordero. Por tanto, no representa a quienes convirtieron a la profesión en alfombra servil de los grupo de poder, al precisar que se identifica con los trabajadores de la comunicación, periodistas ultrajados y vilipendiados con la censura previa de los empresarios.
Manifestó que habla en defensa de quienes ganan 50, 60 dólares mensuales como corresponsales provinciales, aquellos periodistas a quienes ni siquiera se les reconoce sus derechos laborales, habla en defensa de la libertad de expresión, no de la libertad de empresa de aquellos que lo han desconocido toda una vida.
Recordó que el mandato constituyente y popular refrendado en las urnas no puede ser burlado de ninguna manera por presión o tráfico de la política. “Las víctimas históricas de la comunicación estamos vigilantes y alertas”, agregó.
Entre tanto, Hólguer Guerrero, en representación del Colectivo Juan Pablo Bolaños, y como socio de la Unión Nacional de Periodistas, expresó que lo que verdaderamente está en juego es el poder de la palabra y el lenguaje, pues sobre ello no se ha dicho nada, al indicar que ha sido víctima de persecución mediática y policial de la cual hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.
Cuestionó que solo se hable de periodistas y no de comunicadores sociales, de monopolios de los medios, no hay cláusula de conciencia. “La explotación a quienes trabajan en los medios tampoco es discutida, que hay coproducciones de 60% y 70% a cambio de que el periodista reciba el 30% y 40 %, o de los cupos comerciales.
Formuló un llamado para que se permita la colegiatura, lo que es básico para poder manejar el Código de Ética Profesional. Se refirió, además, a los sueldos y salarios de 120 y 200 dólares, frente a la responsabilidad que recae sobre los obreros de la comunicación, al reiterar que en las manos de los legisladores está cambiar el poder de la palabra y el manejo del lenguaje.
Con estas dos intervenciones, suman 21 criterios presentados ante el Pleno por parte de gremios, colectivos sociales, comunicadores, estudiantes, académicos y otros sectores, en el marco del segundo debate de la Ley de Comunicación.
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