Carlos Serrano, en representación de los servidores públicos de la provincia de Bolívar, ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores solicitó el cumplimiento por parte del Ministerio de Finanzas, del pago de los fondos de reserva correspondientes al período 2002-2009.
Serrano, argumentó que tienen una acción de medidas cautelares constitucionales, dictadas por el juez vigésimo segundo de garantías penales de Pichincha en lo que respecta a los fondos de reserva.
Recordó que en la anterior administración, los asambleístas por unanimidad conminaron al Ministro de Finanzas para que cumpla esta resolución y le dieron 72 horas para que informe sobre el tema, al precisar que no se respetan las decisiones de los jueces.
Señaló que de acuerdo con la normativa legal vigente los fondos de reserva equivalen a un salario unificado por año de servicio cumplido.
La asambleísta Nivea Vélez indicó que el pago de los fondos de reserva es una preocupación generalizada en el país y que por el no pago desde el año 2004 ha ido creciendo la deuda del Estado con los servidores públicos y en los actuales momentos está en alrededor de los 600 millones de dólares, incluidos los intereses.
Explicó que se reunieron con el Procurador del Estado para buscar una salida a este problema y la única solución consiste en presentar una reforma a la Ley de Seguridad Social, para condonar los intereses y se cancele la deuda, reforma que fue presentada y calificada por el CAL.
A su vez, la presidenta de la comisión, Scheznarda Fernández, informó que solicitó al Defensor del Pueblo y al Ministro de Finanzas información sobre el tema.
HOLCIM
En otro orden, representantes de los trabajadores cementeros jubilados y de Holcim, hicieron observaciones al proyecto de Ley referente a la jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento, presentado por el asambleísta Henry Cuji.
Jaime Mendoza, dijo que la ley que los rige fue creada en base a un estudio científico realizado por los médicos del Seguro Social y desde que se la creó han fallecido cerca de 107 trabajadores por enfermedades graves respiratorias, principalmente pulmonares producto de la partícula del polvo, por lo que están solicitando que no se cumplan las 300 imposiciones que actualmente se establecen como requisito para la jubilación sino que se considere a los trabajadores desde los 20 años de edad.
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