El asambleísta Leonardo Viteri, representante de la provincia de Manabí, presentó un proyecto de Ley Interpretativa al penúltimo inciso del artículo 203 del Código de la Democracia, reformado por el artículo 21 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que busca despejar las dudas respecto de la libertad de los medios de comunicación para realizar entrevistas y reportajes a los candidatos, en época de campaña electoral.
Viteri recordó que la Asamblea Nacional tiene la facultad privativa de interpretar la Ley, una vez que entró en vigencia la Ley Reformatoria al Código de la Democracia, por tanto, la pretensión del Consejo Nacional Electoral de hacerlo mediante un reglamento, no es legal.
El organismo legislativo debe dar una respuesta a la ciudadanía que busca información respecto de los planes y programas que presenten los candidatos en las próximas elecciones. Hay que tomar en cuenta que, inclusive, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva dijo que es necesario revisar este artículo, que no está bien escrito y puede traer confusiones y malas interpretaciones, así mismo, el propio presidente de la República, Rafael Correa, en su enlace sabatino del 14 de enero de 2012, se pronuncia exactamente en los mismos términos, aunque luego cambió de opinión diciendo que la norma no busca prohibir las actividades propias de los periodistas, comunicadores y medios de comunicación social.
Leonardo Viteri subrayó que, sin perjuicio de las demandas de inconstitucionalidad que sobre las reformas electorales otros asambleístas presenten ante la Corte Constitucional, la Asamblea es el ente político por esencia, y es donde deben solucionarse estos inconvenientes, lo cual requiere de la voluntad política de la mayoría de los miembros de la Asamblea.
Por ello, formuló un llamado a todos los sectores con presencia en la Función Legislativa, a efectos de que ratifiquen sus pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión y del derecho a los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos de interés general, tal como lo reconoce la Constitución
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