En el marco del primer Foro: “Una Ley de Comunicación Democrática”, que se realizó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el asambleísta Mauro Andino destacó que el proyecto de Ley de Comunicación consagra la libertad de expresión, acorde a los preceptos constitucionales y los instrumentos internacionales.
Invitó a la ciudadanía revisar el proyecto, para que se enteren y respalden el mismo, a fin de hacer realidad una ley de Comunicación que garantice la libertad de expresión e información, pero con responsabilidad ulterior.
El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, dijo que la el presente encuentro es histórico para el pueblo ecuatoriano, para dar a conocer cómo está estructurado el articulado del documento, que no ha tenido críticas de ninguna naturaleza, lo que demuestra que responde a la Carta Magna y los tratados internacionales.
Destacó que organismos nacionales como mundiales, como AER, CORAPE, Radialistas Apasionados, el Consejo Nacional de la Niñez, organizaciones de jóvenes, intelectuales de varias universidades, han exteriorizando el respaldo por la aprobación de este proyecto de ley.
Puntualizó que hasta el momento no se ha recibido ninguna objeción de fondo de parte de los periodistas y empresarios de la comunicación, sin embargo, algunos medios de comunicación están incitando a que algunos asambleístas se opongan a su aprobación.
Descartó que el proyecto pretenda controlar a las redes sociales, lo cual es falso, malicioso y temerario, al reiterar el derecho a la libertad de expresión y opinión de las personas, de cualquier forma y por cualquier medio, pero siendo responsables por sus expresiones.
Sostuvo que la responsabilidad ulterior, es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione los derechos humanos y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.
Argumentó que, acogiendo la iniciativa del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se determinó que ninguna persona que difunda formación de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información; esta protección no le exime de responsabilidad ulterior.
Agregó que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación se democratizó, con presencia de la AME, del Consejo de Gobiernos Provinciales, Consejo de Igualdad, de las escuelas públicas, de las organizaciones de comunicación, tras asegurar que el organismo no tiene facultad de suspender y clausurar medios.
En cumplimiento del clamor de la población, se ha dispuesto la entrega de frecuencias, de la siguiente forma: 33% al sector público, 33% al privado y 34% al comunitario, además las frecuencias ilegalmente obtenidas serán revertidas inmediatamente al Estado, concluyó.
RSA
