El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al resaltar que se recopilarán las observaciones y propuestas individuales o colectivas que permitan perfeccionar el proyecto de Ley de Comunicación, en cumplimiento de la línea de acción legislativa participativa que se ha autoimpuesto, subrayó que existe coherencia manifiesta entre el Acuerdo Ético Político y los contenidos de este cuerpo legal, sometido a discusión pública en este foro.
Aseguró que en el proyecto de ley se desarrollan las normas constitucionales establecidas en los artículos 16 al 20, 66 y 384 de la Constitución del Ecuador, en concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por el país; se garantiza la libertad de expresión, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, conforme lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 numerales 1 y 2.
Respecto de los límites democráticos a la libertad de expresión, indicó que se da exclusivamente en los ámbitos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, salud pública, defensa nacional y orden público, conforme lo establecido en el artículo 13 numerales 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución del Ecuador. Aseguró que la Ley Orgánica de Comunicación regula los tres subsistemas establecidos en la Constitución que son el público, privado y comunitario, desde un enfoque positivo.
En torno al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, enfatizó que es autónomo e independiente del gobierno y de los poderes fácticos y que su función está orientada a garantizar los derechos de los ciudadanos y fortalecer la comunicación; tiene facultades de regulación administrativa pero, de ninguna manera podrá clausurar o suspender administrativamente ningún medio de comunicación. En los casos en que las sanciones explícitas en las leyes así lo determinen, iniciará las acciones ante la justicia constitucional y ordinaria.
Precisó que en el proyecto constan aspectos relacionados con la prohibición de la concentración de medios, monopolios y oligopolios, así como la democratización de la comunicación, a la vez que como regula la redistribución de las concesiones del espectro radioeléctrico en igualdad de condiciones entre los medios públicos, privados y comunitarios, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello, se determina que el Estado revertirá y redistribuirá todas las frecuencias otorgadas mediante concesiones ilegales e ilegítimas, previo informe de las autoridades competentes, respetando el debido proceso.
Aseveró que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; a la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, al igual que a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
Finalmente, Fernando Cordero Cueva pidió al asambleísta Mauro Andino incorpore la solicitud del profesor Mauro Cerbino en el sentido de cambiar la palabra opinión falsa por información falsa, bajo el argumento que una opinión, que es un derecho reconocido, puede fundamentarse en una información falsa, lo cual debe estar debidamente determinado en la Ley.
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