Cumpliendo con el mandato constitucional y la decisión del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas para dictar una Ley de Comunicación que asegure el ejercicio de los derechos a la información y la libertad de expresión y fortalezca la participación ciudadana, la Asamblea Nacional puso a consideración de la ciudadanía el proyecto de ley sobre esta materia, mediante la publicación en varios medios impresos de circulación nacional y, a la vez, inició un ciclo de foros de socialización.
El documento que será sometido a votación en el Pleno, elaborado por el ponente, Mauro Andino Reinoso, ha recibido el respaldo de organismos nacionales e internacionales, entre ellos, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI); Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos (WACC); Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); Colectivo Pro Derechos Humanos (PRODH); Coordinadora de Radios Populares de Ecuador (CORAPE).
Además El Churro Comunicación/Wambra Radio; Fundación Ecuatoriana Equidad; Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC); Radialistas Apasionadas y Apasionados y cientos de comunicadoras y comunicadores en toda América Latina y El Caribe.
Entre sus argumentos para apoyar este proyecto constan que la ley garantiza la plena libertad de expresión y de información; democratiza la radio y la televisión distribuyendo equitativamente las frecuencias: 33% para medios públicos, 33% para privados y 34% para comunitarios; elimina los monopolios autorizando una sola frecuencia matriz de radio en AM, una en FM y una de TV a una misma persona en todo el territorio nacional.
Así mismo consideran que esta Ley fomenta en un 40% la producción nacional en la programación, 10% la producción independiente, y 50% en nuestra música; regula los contenidos sexistas, racista y discriminatorios sin imponer ninguna clase de censura; además, promueve la comunicación intercultural y plurinacional.
Señalan que en la norma se protege a niñas, niños y adolescentes de todo tipo de violencia en los medios de comunicación; garantiza el ejercicio universal de la comunicación sin necesidad de un título profesional; se abstiene de regular informaciones y opiniones que circulan en las redes sociales; y, asegura que la publicidad estatal llegue a los medios pequeños y rurales.
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