En el salón del exSenado de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, recibieron a más de 500 afiliados al seguro social campesino de las diferentes provincias del país, quienes piden que en las reformas a la Ley de Seguridad Social se fortalezcan sus derechos, como el incremento en sus pensiones jubilares y mejoras en los servicios de atención médica, entre otros.
En esta reunión estuvieron presentes los asambleístas Nivea Vélez, Consuelo Flores y Línder Altafuya, integrantes de la comisión, acompañados de Magaly Orellana, Diana Atamaint, Jorge Escala y Ramiro Terán, quien es el autor de una de las propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social. También delegados de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino FEUNASSC; Unión Nacional de Organizaciones Campesinas UCAE; Unión de Campesinos del Ecuador, entre otras agrupaciones.
Como se recuerda el Seguro Social Campesino constituye un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal.
El presidente de la Unión de Campesinos del Ecuador, Wilmer González, dijo que las 940 000 personas beneficiarias del seguro social campesino, agrupadas en 2 940 organizaciones, reciben la atención médica en 628 dispensarios de las 24 provincias del país, constituyéndose ésta, en el 19,1 de la población rural que está siendo atendida, lo que significa que no se ha logrado solucionar el problema de salud en el sector rural.
En este marco, solicitan se reforme la Ley de Seguridad Social en lo referente al seguro social campesino, para acceder a una pensión jubilar más justa y lograr que a las viudas y huérfanos se les reconozca sus derechos; mejorar la infraestructura de dispensarios médicos. Reclama, además, el aumento de personal especializado en salud, laboratorios técnicos para detectar enfermedades, así como la aplicación de los programas nutricionales, entre otros.
Por su parte Ramiro Terán sostuvo que el Seguro Social Campesino protege a una población mayoritariamente pobre y con necesidades insatisfechas muy altas, por lo que pide al Gobierno Central que asigne los recursos necesarios del Presupuesto General del Estado para financiar el incremento y dignificación de las pensiones jubilares, aplicando los principios de solidaridad y justicia social.
Sugirió también que el monto mensual de la pensión por vejez, a partir de la aprobación de esta Ley se calcule como porcentaje del salario unificado de aportación al seguro universal obligatorio, en el primer año en el 37.88%, en el segundo año el 56,82%, en el tercer año al 75,76% en el cuarto año el 100% y, en adelante que el Consejo Directivo del IESS, la revise de manera anual en función de la propuesta que presente la Dirección del Seguro Social Campesino, con la finalidad de compensar el deterioro del poder adquisitivo de dichas rentas.
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