La asambleísta Magaly Orellana manifestó que la bancada de Izquierda Plurinacional rechaza “las expresiones provocadoras del presidente Rafael Correa, quien piensa que convocando a sus asalariados y con mentiras, este 8 de marzo podrá enseñarnos quien es el que manda en el país y detener la lucha social que se avecina”.
Señaló que el presidente Correa no va a detener la marcha, porque aunque pacífica, están firmes para defender la libertad, la democracia y la dignidad de los pueblos.
Exigió al mandatario que presente pruebas de las aseveraciones presentadas en el sentido que esta marcha la financia la derecha, caso contrario defenderán su honor e iniciarán una demanda para que se les pague 40 millones de dólares.
Indicó que “el presidente Correa piensa que victimizándose podrá justificar las posibles represiones que se puedan dar, por ello responsabilizamos al gobierno de cualquier atropello que cause pesar en esta jornada reivindicativa”.
Por su parte Jorge Escala dijo que “la bancada Plurinacional de Izquierda se solidariza con todos aquellos hombres y mujeres, que expresan su inconformidad y defienden los intereses de la nación, sus recursos naturales, como lo hicieron el día de ayer 8 mujeres activistas defensoras de la naturaleza que fueron brutalmente agredidas y privadas de su libertad y, además, los 10 profesionales detenidos por estar reunidos para analizar la situación social y política que vive el país.
“Estos hechos para el presidente Correa constituyen una amenaza, un delito que atenta a la seguridad del Estado ecuatoriano, pero esta actitud no es otra cosa que profundizar la criminalización de la lucha, de la protesta social, institucionalizar un estado policíaco al que no le tenemos miedo”, subrayó.
Al indicar que esta bancada estará en todas las jornadas en defensa del agua, de la vida, de los territorios y de la dignidad, advirtió, que el único que tiene plan para enfrentar estas movilizaciones es el gobierno nacional, en el que utilizan bienes y recursos del Estado.
Anunció que hoy estarán en la Contraloría General del Estado para pedir que implemente un operativo para que, a partir del 8 de marzo, se ejerzan controles en todas las dependencias públicas para evitar que los bienes y recursos del Estado sirvan para implementar el “Plan Defiende la Democracia”, al tiempo de recalcar que “la jornada de movilización no la detiene nadie”.
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