La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, entregó a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, el informe para primer debate del proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Usuarias y Consumidoras que busca establecer con exactitud el órgano de control que dará soluciones a los problemas de los consumidores, desarrollar un capítulo sobre el derecho de los ciudadanos atener servicios públicos eficientes y que la Defensoría del Pueblo sea el órgano que controle el mismo.
Así mismo, las exoneraciones para las personas de atención prioritaria, a fin de que paguen el 50% del costo de los servicios básicos.
También, aspectos relacionados con la publicidad violenta, a fin de que no se vulneren los derechos de las personas consumidoras, por tanto, incluye acciones de protección en este caso; así como también, el involucramiento del Estado en lo relacionado con salud alimentaria, vivienda, educación, transporte, servicios bancarios, electrónicos, tarjetas de crédito, servicios profesionales, garantías jurisdiccionales, así como los mecanismos de tutela extrajudicial, entre otros.
El titular del organismo legislativo, Fernando Vélez, recordó que el proyecto es de iniciativa de la asambleísta María Soledad Vela con la participación de la Defensoría del Pueblo, en unificación con la propuesta del asambleísta Enrique Herrería. El documento contiene 231 artículos, 3 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias y 2 disposiciones derogatorias.
La legisladora María Soledad Vela afirmó que a través del proyecto se reconoce el verdadero sentido a los derechos de las personas usuarias y consumidoras, como un sistema jurídico de carácter interdisciplinario, propio y autónomo para protección dirigida directa y específicamente al amparo de las personas usuarias y consumidoras finales que adquieren productos y/o servicios; y, regular su relación de consumo y uso que se da con sus proveedores o prestadores”, agregó.
Además, comentó que el proyecto de ley garantiza la participación activa del Estado, desde tres instancias: la emisión de políticas públicas, decisiones y resoluciones la supervisión y ejecución adecuada, el cumplimiento de políticas públicas y la sanción para el incumplimiento.
María Soledad Vela precisó que esta propuesta de ley pretende legislar situaciones que vienen afectando a diario a la ciudadanía ecuatoriana pues por no existir una normativa clara se ha generado una suerte de impunidad y revictimización, como es el caso de los robos a través de los cajeros y banca electrónica, clonación de tarjetas de crédito, estafa en el mercado inmobiliario, vulneración de derechos de los pasajeros en transporte aéreo y terrestre, servicios profesionales inadecuados que ponen en riesgo muchas veces la vida de los usuarios, servicios públicos domiciliarios de pésima calidad.
Agregó que con el procedimiento ágil que se implementa en esta ley se permitirá una adecuada reparación de daños, y que, las personas usuarias y consumidoras elijan adecuadamente los servicios y que las personas proveedoras actúen responsablemente.
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