El Pleno de la Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, que entre otros aspectos crea mecanismos claros de protección y promoción prioritaria y especializada sobre los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras; así como, establece un proceso especializado, a través de mecanismos de justicia extrajudicial, judicial y constitucional con procedimientos propios e independientes de esta rama jurídica y que sean más ágiles, para garantizar la participación activa del Estado mediante la emisión de políticas públicas y sancionar su incumplimiento.
Explicó que la propuesta constituye un sistema de protección fuerte, más completo y expedito que el vigente; porque da un significado y connotación distinta de como se ha venido visibilizando, enfocando, conociendo y atendiendo en la actualidad el derecho de las personas usuarias y consumidoras, lo cual es consecuencia del nuevo modelo de Estado a partir de la Constitución de Montecristi que cambió al Estado neoliberal de libre mercado por un Estado social solidario y de derechos de las personas, incluyendo a la naturaleza.
En este sentido, dijo que es sustancial establecer una nueva legislación que principalice a las personas usuarias y consumidoras y sus derechos como el sujeto y fin de la economía que fomenta la producción, comercialización, consumo y uso sostenible; porque no hay que olvidar que la actividad económica vive y actúa para llegar de un modo u otro hasta las personas usuarias y consumidoras, para satisfacer las necesidades de ellas pero respetando y garantizando en primer orden sus derechos; y así, la nueva legislación guarde concordancia con la normativa constitucional como con la realidad de los requerimientos actuales que surgen en el país a la vanguardia de los servicios, bienes y productos.
En el proyecto se desarrollan los derechos con igualdad de género y con especial énfasis a grupos de atención prioritaria, esto es mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y personas en movilidad. Sin descuidar los derechos de las y los proveedores fijados en el proyecto, se introducen mecanismos de responsabilidad de éstos en sus procedimientos de producción, comercialización, así como de atención de reclamos, respuesta y reparación de derechos por violaciones a los derechos de las personas usuarias y consumidoras, terminando con abusos que han contribuido a incrementar la pobreza de las personas.
El presente Proyecto establece mecanismos de tutela judicial para que las personas usuarias y/o consumidoras, frente a las prácticas comerciales y jurídicas abusivas ejecutadas por los proveedores, puedan llegar a la vía judicial y constitucional, únicamente cuando de forma extrema no se ha reparado su derecho en las anteriores vías extrajudiciales que incluyen todas aquellas que deben ofrecer y dar los proveedores públicos y privados, entre otros aspectos.
JLVN/pv
