Junto a una delegación de maestros jubilados, en rueda de prensa, el legislador Marco Murillo, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos, exhortó al presidente de la República, Rafael Correa, que emita un decreto ejecutivo para resolver el pago de la jubilación adicional de los cerca de 180.000 maestros que se retiraron del magisterio.
Explicó que según ese decreto, la jubilación adicional se financiaba con un aporte del 5% de los aportes personales y patronales, a la vez que expresó que en base a esta normativa muchos maestros han cumplido con el aporte por más de 40 años y hoy no se les quiere reconocer.
Agregó que dicho decreto fue derogado con la Ley de Educación Intercultural y las correspondientes autoridades argumentan que ya no tienen derecho a la jubilación adicional, por lo que exhortó a la Asamblea Nacional a buscar una solución a este problema.
Consideró que la expedición de un decreto ejecutivo a un acuerdo ministerial puede ser la salida al tema, pero que si ello no es posible se puede procesar una reforma a la Ley de Educación Intercultural que permita a los jubilados que, a la fecha de publicación de la ley, hayan cumplido 30 años de aportes, sean beneficiarios cuando se jubilen.
Por su parte Jaime Carrillo, Coordinador Nacional de los Técnicos Docentes del Ministerio de Educación, argumentó que desde el año 1964 el Ministerio de Educación les ha venido descontando mensualmente el 5% de su sueldo y lo ha remitido al IESS que también ha recibido el aporte patronal equivalente al 5%.
Indicó que son 7 meses que han venido luchando ante el Ministerio de Educación y el Consejo Directivo del IESS, porque se les cancele lo que por ley les corresponde, pero que la ministra Gloria Vidal, les ha respondido que la cartera a su cargo nada tiene que ver en materia de jubilación, sino es el IESS.
En este sentido pidió la intervención de la Asamblea para que invite a los directivos del Ministerio de Educación y del IESS y se encuentre una solución inmediata al problema.
Solicitó al Legislativo plantee una reforma a la Ley de Educación Intercultural, incorporando una transitoria que permita al Ministerio de Educación o al Seguro Social atender el reclamo.
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