El presidente de la Comisión de Gobierno Autónomos, Virgilio Hernández, en el marco del segundo debate del proyecto de Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, aseguró que hay 209 caos no definidos jurídicamente en el país, es decir, 50% de problemas cantonales, 2,4% provinciales; 158 no tienen delimitación; cerca de 40 casos se han presentado como controversiales y algunos de ellos son abiertamente conflictivos.
Al reiterar que el proyecto es una “vía política” para subsanar la necesidad de fijar los límites de las jurisdicciones político administrativas, subrayó que la Comisión modificó sustancialmente la propuesta del Ejecutivo, por cuanto era socialmente conflictiva e inviable.
Hernández argumentó que la ley remitida por el Ejecutivo tenía 470 artículos, tres disposiciones generales, cinco transitorias, cuatro derogatorias; fijaba los límites de todos los conflictos, por lo cual, a criterio de la Comisión, si la ley hubiese sido aprobada en esos términos, habría sido socialmente conflictiva y políticamente inviable, pues el peso de la pertenencia provincial es más fuerte que la fijación política partidista, más aún de los asambleístas de los territorios con controversias jurisdiccionales.
Indicó que se incluyeron mecanismos amigables y mecanismos institucionales. Entre los primeros están la mediación territorial y negociación directa; y, en los segundos, el arbitraje, consulta popular y la resolución institucional, a fin de garantizar una gama de opciones que puedan adecuarse a la naturaleza de los conflictos existentes.
Sus objetivos, dijo, son procedimientos de abajo hacia arriba, la ley responsabiliza, en primer término a los ciudadanos y a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de los territorios indefinidos para buscar una solución amistosa. Además, pretende solucionar las necesidades básicas insatisfechas de poblaciones desatendidas por falta de una delimitación política y garantizar, inclusive, el derecho a la identidad.
En conflictos de límites internos, se agregó que la participación de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, poblaciones afroecuatorianas o montubias, se aplicará de manera prioritaria el derecho de éstos a intervenir en las instancias participativas de los procedimientos de solución que se iniciaren.
La disposición general tercera determina que las entidades e instituciones del sector público se abstendrán de emitir, publicar y utilizar material cartográfico en que se definan límites en territorios que, de manera pública y notoria, mantienen conflictos limítrofes no resueltos, deberán referirse como “zonas en estudio”.
Así mismo, ninguna entidad pública realizará actividades inherentes a sus funciones sin remitirse a la cartografía oficial expedida de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.
En las zonas en las que exista indefinición territorial, las autoridades de los GAD podrán atender las Necesidades Básicas Insatisfechas en el marco de sus competencias. La prestación de bienes y servicios y la ejecución de obras, no implican constitución de derechos territoriales.
El asambleísta Hernández aclaró que un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, interviene permanentemente en la discusión de todos los proyectos.
Un hecho sin precedentes se produjo en la sesión de este jueves, en medio del trámite de este cuerpo legal, cuando, desde la Casa Legislativa de Cuenca, a través de videoconferencia, el Pleno recibió en comisión general, al presidente Regional de la AME, Darío Pito, y al representante del Alcalde de Cuenca, Tarquino Orellana.
La primera autoridad de la AME exhortó para que la normativa sea ampliamente socializada con los municipios, las juntas parroquiales y gobiernos provinciales, porque con ley se abrirán mecanismo de solución que no se sabe si tendrán la aplicabilidad práctica.
Mientras, Tarquino Orellana consideró que se deben considerar tres aspectos fundamentales, entre ellos, distinguir los conflictos y las circunscripciones territoriales, como paso previo para establecer los mecanismos de solución de los mismos, con base en la realidad de cada una de las jurisdicciones, sean estas parroquiales, cantonales o provinciales.
Luego de la participación de seis legisladores, el presidente encargado Juan Carlos Cassinelli, suspendió el debate, mismo que será retomado en los próximos días, puesto que en la tarde de este día dos comisiones tienen convocadas sesiones, una de ellas, la de Fiscalización y Control Político, tiene en su agenda el conocimiento de la solicitud de juicio político contra el exministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, y debe adoptar la resolución dentro de los plazos previstos en la Ley.
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