La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social recibió a la viceministra de Relaciones Laborales, Gabriela Alarcón; al subsecretario de Puertos y Transportes Marítimo y Fluvial; Antonio Salguero y a Verónica Mazón, de la Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo Marítimo, Fundemar, a fin de escuchar sus opiniones con respecto al proyecto de Ley de Protección Laboral para la gente de mar y en otras vías navegables en el Ecuador.
La viceministra de Relaciones Laborales, Gabriela Alarcón, manifestó que el proyecto no contempla lo establecido con el Art. 132 de la Constitución para que sea pertinente como proyecto de ley y que no reúne requisitos para ser orgánica.
La norma pretende una flexibilización al trabajo del personal a bordo de buques, que tiende a canjear el pago de horas suplementarias y extraordinarias por compensación con descanso, propuesta que contradice el Código de Trabajo, dijo, al señalar que el proyecto crea modalidades contractuales sobre las cuales el Ministerio de Relaciones Laborales está facultado por el Código de la Producción.
Por su parte el subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, Antonio Salguero, subrayó que el Decreto Ejecutivo No. 168, le faculta a esta institución regular las competencias del sector, por lo que la autoridad marítima nacional desarrolla su gestión de manera más ágil y eficiente.
Sostuvo que existen convenios internacionales de los cuales el país es suscriptor y como entidad rectora a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Subsecretaria de Transporte tienen que hacerlos cumplir.
La representante de Fundemar, Verónica Mazón, al unirse a estos criterios, indicó que han venido trabajando en esta área desde hace 17 años y la capacitación del hombre del mar está regulada por convenios internacionales como son STC, SW y la autoridad marítima ha previsto el control de la seguridad de buques.
Por último, el autor de esta normativa, Alfredo Ortiz, argumentó que 600 000 trabajadores del mar, lagos, ríos y océanos, tendrán una normativa que les proteja y establezca la relación entre armadores y tripulantes, es decir, empleadores y trabajadores.
Explicó el proyecto tiene como propósito dar estabilidad laboral, garantizar remuneraciones justas, seguridad social de todas las personas empleadas y contratadas a bordo de las naves dedicadas a la navegación marítima comercial, pesquera y turística. Crea las normas de formación, titulación y guardia de la gente de mar; además, expide los certificados de competencias, carnet de marino e identificación, necesarios para el trabajo a bordo, agregó.
Además protege la seguridad de la vida humana en el mar limitando, en lo posible, la jornada laboral, de manera que el número máximo de horas de trabajo no exceda los límites establecidos en los convenios internacionales ratificados con el Ecuador y regula las horas extraordinarias y vacaciones.
Al concluir solicitó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores amplíe la socialización de la propuesta, a fin de escuchar a los trabajadores del mar y, de esta manera, establecer si se sienten amparados por el Código de Trabajo y por convenios internacionales.
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