Con la presencia de personas con discapacidad, estudiantes, hombres y mujeres, de varias organizaciones sociales, así como del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, del Instituto Enriqueta Santillán, el Pleno inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, que tiene como objetivo asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con este problema, establecidos en la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.
La cédula de ciudadanía que acredite la calificación y el registro correspondiente, será documento suficiente para acogerse a los beneficios de la ley, así como el único documento requerido para todo trámite en los sectores público y privado; el certificado de votación no les será exigido para ningún trámite público o privado.
En el caso de las personas con deficiencia o condición discapacitante, el documento suficiente para acogerse a los beneficios que establece esta Ley en lo que les fuere aplicable, será el certificado emitido por el equipo calificador especializado.
Sostuvo que la autoridad sanitaria nacional en el marco del Sistema Nacional de Salud normará, desarrollará y ejecutará el Programa Nacional de Genética Humana con enfoque de prevención de discapacidades, con irrestricto apego a los principios de bioética y a los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los tratados e instrumentos internacionales.
La autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en el Sistema Nacional de Salud, los servicios de atención general y especializada, habilitación, rehabilitación integral, y centros de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas para personas con discapacidad, agregó.
La legisladora resaltó que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho de acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o un establecimiento de educación escolarizada, según el caso.
Dijo que los miembros de la comisión consideran necesario reconocer la lengua de señas ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva y además sugieren que las instituciones públicas incorporen progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana.
La señora Ximena Carrera, de la Fundación Vivir la Sordera, quien fue recibida en comisión general, destacó que sus propuestas fueron recogidas por la comisión especializada que trata el tema, al indicar que la ley fortalecerá la presencia de escuelas específicas para niños sordos.
Informó que el 12% de los ecuatorianos tiene discapacidad, es decir, 1 millón 774 mil personas y sus familias y la aprobación de esta ley significa trabajar a favor de todo este sector.
El representante de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, Vinicio Baquero, dijo que están presentes con un objetivo claro, que es agradecer a la Asamblea por la atención que está dando al sector, al tiempo que reiteró la necesidad de fortalecer la comunidad lingüística, entendiendo que es un problema de accesibilidad a la comunicación, por eso creen que una comunicación bilingüe, bicultural sea lo primero para las personas sordas, sobre todo los niños.
RSA/pv
