El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en la continuación de la sesión 174 del Pleno, anunció a los parlamentarios que diversos grupos sociales, haciendo efectiva la participación ciudadana y el uso de los avances tecnológicos desde las casas legislativas, mediante videoconferencia, darán a conocer sus puntos de vista respecto del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.
De esta forma, desde Cuenca, Sandra Peñaherrera, del Cabildo de Mujeres, pidió a los parlamentarios que se mantenga lo establecido en la Ley 103, mediante la cual se establece la tipificación del delito de violencia intrafamiliar y si existen errores para determinar un procedimiento adecuado para sancionar estos delitos contra las mujeres, se los corrija en el Código Orgánico Integral Penal.
Dalila Cárdenas, al agradecer el espacio de comunicación para expresar sus puntos de vista sobre el texto del Código Orgánico Integral Penal, en materia de violencia intrafamiliar contra las mujeres, dijo que se debe buscar mecanismos para evitar y sancionar este hecho, pues en el Código no constan medidas de auxilio inmediato para salvaguardar la vida de las mujeres y de acuerdo a la normativa se ven supeditadas a la opinión del Fiscal quien determinará si hay o no que otorgar esta medida, lo que generará más casos de femicidio, por ello dijo “queremos que se proteja nuestras vidas”.
Las medidas de protección son fundamentales para precautelar los derechos de las mujeres y sobre todo la integridad física y psicológica de las mismas, dijo al señalar que no se puede dejar en la indefensión a las mujeres, ya que los agresores pueden pedir la revocatoria de las medidas cautelares porque no son medidas de amparo. Estaremos vigilantes de como se desarrolla este debate pero sobre todo prestas a conversar con mayor detenimiento en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para dar mayores precisiones sobre esta temática, subrayó.
Posteriormente, los legisladores recibieron en comisión general a Tatiana Ortiz y Virginia Ordóñez de la Torre, del Cepan quienes dijeron que acuden en representación de 40 organizaciones que apoyan la tipificación del femicidio, como una figura penal autónoma que permita sancionar el asesinato de las mujeres y que ha ido creciendo con el paso de los años.
Tatiana Ortiz expresó que desde hace 30 años las organizaciones de mujeres han trabajado para evidenciar la violencia contra este sector social, su impacto en la vida de las familias y en el desarrollo del país.
Si se pudiera cuantificar el dolor y el sufrimiento y los efectos de la desesperanza producto de la violencia que se produce en las mujeres, hijos y familia, dejaríamos de ser menos tolerantes y no naturalizaríamos la violencia, enfatizó.
Reconocer la violencia como delito, tal como consta en el propuesta legal, es parte de una deuda pendiente que el Estado busca saldar con las mujeres, no solo con aquellas que han vivido la violencia, no solo con aquellas que ya murieron, sino con aquellas que estamos en riesgo de morir en cualquier momento, agregó.
Entre tanto, Virginia Gómez de la Torre dijo que en representación del frente ecuatoriano por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos apoyan la propuesta preparada por la Comisión de Justicia en relación a la despenalización del aborto, en caso de violación.
No estamos planteando que las mujeres violadas tienen que abortar sino, que el Estado tiene que respetar el derecho de las mujeres a decidir si continúa o no ese embarazo. No estamos promoviendo el aborto, sino que nos dejen ser ciudadanas con capacidad de decisión, afirmó.
Como datos estadísticos indicó que el 21% niñas y jóvenes ha sufrido violación sexual, según el Programa Nacional de Erradicación de Violencia de Género. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres ha vivido la violencia sexual. En el 2010, la Fiscalía receptó 153 denuncias por mes de violencia sexual, es decir, cinco violencias por día, a lo que se suman todas las violencias que no son registradas.
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