“Del nuevo Código Penal debemos esperar que se convierta en una herramienta para vivir seguro, lo cual significa vivir sin miedo a la delincuencia y a la violencia, en la calle o en nuestras casas; vivir sin miedo de lo que nos pueda suceder; vivir sin miedo a los abusos que pueden venir desde el Estado, porque esa es otra forma de vivir inseguro”, fue el criterio de la asambleísta Betty Amores, en el marco del primer debate, del Libro Primero del Código Integral Penal.
Asambleístas de la bancada de PAIS coincidieron que el Código Integral Penal tiene trascendental importancia para el futuro del país, fueron ocho meses de intenso trabajo, en donde se realizaron talleres, conversatorios, foros en diferentes partes del país, sin embargo, hay aspectos que son perfectibles, para tener seguridad jurídica y seguridad ciudadana, al señalar que este Código debe responder a los derechos y garantías de la Constitución de Montecristi y a los cambios que vive el país en lo político, económico y social.
Destacaron que el documento recoge la lucha de la mujer contra la violencia intrafamiliar, por lo que hay que establecer procedimientos más expeditos para frenar todo tipo de violencia contra la mujer.
Afirmaron que el tema del coyoterismo, en el que han caído varios compatriotas, se ha convertido en “una esclavitud moderna”, cuya sanción debe ser contemplada en este Código, al igual que la sanción para todo tipo de delincuencia organizada.
Recordaron que la materia penal tiene que ser vista desde el concepto de cuál es el tipo de sociedad que queremos, al aclarar que el aborto terapéutico es ya una figura jurídica vigente.
Mientras, desde los movimientos y partidos identificados con la oposición, hubo voces en el sentido que para causar un verdadero cambio en el sistema jurídico penal en el Ecuador, se debe analizar que el bien jurídico que protege la ley penal es la seguridad y, en ese sentido, es necesario incorporar disposiciones que garanticen a la población la convicción de que en todos los actos de su vida diaria no estará a merced de la delincuencia.
Aseguraron que no se pueden convertir todos los actos reprochables en delitos, por ejemplo, botar un chicle en la calle o modificar una fachada, porque no habrá cárcel que alcance para recluir a los infractores. Para casos como estos hay mecanismos como las multas y otras sanciones que pueden ser impuestas por comisarios municipales e inspectores del trabajo, según la gravedad del hecho.
Subrayaron su posición contraria a la legalización del consumo de drogas, porque no se encontrarán fácilmente los medios para establecer las dosis mínimas para la personas narcodependientes.
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