Toda mujer que habiendo cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad, y que acredite treinta (30) años de imposiciones, podrá acogerse voluntariamente a la jubilación especial para las mujeres y tendrá derecho a una pensión de vejez que será igual al promedio de los cinco (5) años de mejor sueldo o salario de aportación.
Así lo dispone el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, referente a la Jubilación Especial para las Mujeres, aprobado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
Los votos a favor fueron de los asambleístas Consuelo Flores, Nivea Vélez, Silvia Salgado, Scheznarda Fernández, Kléver García y Enrique Herrería.
La subcomisión que se encargó de su análisis y estudio estuvo conformada por los legisladores Carlos Samaniego, Nivea Vélez, Silvia Salgado, Consuelo Flores y Kléver García.
La asambleísta Silvia Salgado al informar que esta norma beneficiaría a 36.138 mujeres del país, destacó que en base a la información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS y al informe de análisis del Sistema Financiero y Actuarial realizado para dar soporte técnico especializado a la comisión legislativa propuso el análisis de dos alternativas: mantener las trescientas sesenta imposiciones sin límite de edad; y, la otra de trescientas sesenta imposiciones con 55 años.
Informó que aspectos como el impacto económico, el número de potenciales beneficiarias, el equilibrio y sostenibilidad del sistema de seguros, la esperanza de vida que se ha incrementado a 78 años promedio, la reducción de la tasa de fecundidad, entre otros, se consideraron para definir como alternativa viable la propuesta de 360 imposiciones con un límite de edad de 55 años, además el carácter voluntario, y cuya base para el cálculo de la jubilación sea el promedio de los cinco años de mejor salario de aportación.
Enfatizó que se debe entender esta reforma de la jubilación especial de la mujer como una medida de acción afirmativa, hasta que se implemente el sistema de seguridad universal y el pleno reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado como trabajo productivo y que permita generar una igualdad real entre hombres y mujeres.
Aseveró que el impacto económico implica tener en una alternativa, una población beneficiaria de más de 100.000 mujeres, determinaba más de 10.000 millones de dólares para los años que necesita cubrir la pensión jubilar, es decir, si una mujer a los 55 años se jubila, de acuerdo a la esperanza de vida que es a los 78 años, tendría que preverse una reserva actuarial para 20 a 25 años, y esos 10 mil millones de dólares en esta alternativa sería para los 25 años promedio que tendría que pagarse y no es que al otro día que se apruebe la ley el Instituto asegurador deberá tener los 10.000 millones.
Por su parte la presidenta del organismo legislativo Scheznarda Fernández, argumentó que el informe está respaldado, técnica, económica y legalmente, mismo que tiene como jurisprudencia sentada la aprobación de otros proyectos de ley con injerencia económica. “La propuesta es en beneficio de las mujeres, pero también es el reconocimiento al esfuerzo que ellas han brindado para la productividad del país, por lo que lo defenderá como un derecho de justicia que les asiste”, concluyó.
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