La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, presentó informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control, de iniciativa del contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni.
Socialización
Dentro del proceso de socialización, el organismo recibió a Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones; Pedro Solines Chacón, superintendente de Bancos y Seguros, entre otras autoridades.
Objetivos
La normativa tiene por objeto regular la estructura institucional y funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social y de su instancia de coordinación y desarrollar sus competencias, potestades, obligaciones, deberes y atribuciones, de conformidad con los preceptos de la Constitución de la República del Ecuador.
La Función de Transparencia y Control Social es independiente de las otras funciones del Estado y ninguna otra función u organismo podrá intervenir en su organización, administración y adopción de resoluciones
Las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, en virtud de su carácter estratégico para el Estado y por tener personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, según lo dispuesto en el Art. 204, inciso tercero de la Constitución y en sus respectivas leyes, podrán expedir manuales, reglamentos, resoluciones y demás instrumentos de carácter administrativo, técnico, financiero y presupuestario que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones constitucionales y legales.
La entidad será la encargada de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y, prevenir y combatir la corrupción.
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