Bajo la conducción del primer Vicepresidente, Juan Carlos Cassinelli, los parlamentarios de distintas agrupaciones políticas expusieron sus criterios sobre temas relacionados con la rehabilitación social, la ley 103 y la violencia contra la mujer.
En este marco, el asambleísta Gastón Gagliardo, señaló que la Dirección Nacional de Rehabilitación Social debe impulsar políticas públicas y establecer programas de reinserción laboral para las personas que se encuentran privadas de su libertad.
El legislador Mao Moreno dijo que a través del proyecto del Código Orgánico Integral Penal se establecen medidas con contenido altamente social, ya que los infractores de la ley penal son seres humanos con plenos derechos por tanto con miras a su rehabilitación y reinserción, fundamentalmente, con una rehabilitación centrada en ejes que comprenden lo laboral, educativo, cultural, deportivo y lo que tiene que ver con la salud.
De esta manera, dijo, se promueve el fortalecimiento de lazos familiares y se potencializa el núcleo familiar y las relaciones sociales, lo que contribuirá significativamente a la reinserción social, es decir, ayudarle para dejar aquellos hábitos que lo llevaron a delinquir.
De su lado, la legisladora Rosana Alvarado señaló que la cárcel está llena de gente pobre, mestiza y afroecuatoriana, mientras que los grandes criminales viven tranquilos, tras sostener que a las personas privadas de la libertad se les debe respetar su dignidad como seres humanos.
Entre tanto, la parlamentaria Mallerly Vásconez tras recordar que en el año 2000 investigó la condición de los centros de rehabilitación social, dijo que es necesario implementar talleres para las personas privadas de la libertad y que gracias a la capacitación a los guías penitenciarios hay un cambio radical en el trato a los detenidos, respetando sus derechos humanos.
Hoy se clasifica a los internos de acuerdo al nivel de peligrosidad y no con el de llegada, sin embargo sugirió a los comisionados que en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social se incorpore a un representante de la SENESCYT, ya que desde allí se establecerán las políticas para la verdadera rehabilitación social.
El asambleísta Luis Morales, subrayó que hace falta infraestructura carcelaria y estudios sociológicos de los infractores.
Paco Fierro, propuso que en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal se establezcan reglas específicas para sancionar a los ladrones de “cuello blanco” y planteó que se definan penas fuertes contra las encuestadoras que manipulan resultados electorales.
Mientras que, la asambleísta Rosa Ponce, alterna de Marco Murillo, destacó el procedimiento de la Ley 103 para la sanción en los casos de violencia intrafamiliar; y, la legisladora Margarita Carranco, dijo que la lucha por conseguir la aplicación de la ley 103 es histórica y continuará hasta que se cumpla el proceso para sancionar la violencia contra la mujer.
Por su lado, el asambleísta Henry Cuji, sugirió un análisis más amplio del artículo 233 referente a la sanción por podar árboles, argumentando que pueden ser afectados miles de agricultores que trabajan en el campo, también analizó el artículo 142 sobre los casos en los que el aborto no es punible.
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