Proyecto de Ley de Defensa de los Derechos Laborales se tramitó en primer debate

Viernes, 20 de julio del 2012 - 22:12 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Luego de la intervención de 28 asambleístas de las diversas bancadas y movimientos políticos, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, clausuró la sesión 176 del Pleno y terminó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, que tiene el carácter urgente en materia económica.

Los principales temas que marcaron el análisis fueron la necesidad de liquidar a los extrabajadores de los casinos, la defensa de los derechos de los empleados del servicio doméstico y la presunta contradicción con la Carta Suprema que prohíbe la estatización de las deudas privadas.

 

El legislador Paco Moncayo Gallegos, de Alianza Libertad, al anunciar su respaldo a la propuesta, en el contenido de los artículos 4 y 5, recordó que el Estado ya cuenta con mecanismos legales para llevar a cabo la defensa de los extrabajadores.

Indicó que en la normativa no está tipificada la responsabilidad penal de las personas jurídicas usadas para defraudar, por lo que es necesario aplicar la figura de repetición en contra de los responsables.

Por su parte, Richard Guillén de Sociedad Patriótica, subrayó que el proyecto urgente contiene temas de varias materias, que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, no debió admitir a trámite y que es inconstitucional, porque el Estado no puede asumir deudas privadas, cuando lo viable sería enjuiciar al exministro de Relaciones Laborales, por omisión en el ejercicio de su cargo, ya que no tomó los correctivos necesarios en este problema.

De su lado, el representante nacional, Vicente Taiano, aseveró que se debe aprobar esta normativa sin pensar en perjudicar a otras personas, al precisar que está de acuerdo con los derechos de los trabajadores, pero estos aspectos deben ventilarse en materia laboral.

A su criterio, el contenido de los artículos 2 y 3 del proyecto urgente es una barbaridad jurídica, ya que no se puede hablar de “público conocimiento”, por lo que el proyecto rompe el principio de seguridad jurídica y afecta al debido proceso.

Mientras, Ramiro Terán, al recordar que el MPD siempre ha defendido los derechos de los trabajadores, cuestionó que el Estado asuma el pago de las deudas de los dueños de los casinos con los trabajadores, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS y el Servicio de Rentas Internas, SRI. Por ello, propuso incautar los bienes de los dueños de casinos para pagar a los extrabajadores y que se sancione a los funcionarios públicos ineptos que no han podido cobrar.

El legislador Andrés Páez, de Izquierda Democrática, consideró que con el proyecto se busca hacer proselitismo y su aplicación marcaría un grave precedente jurídico, al tiempo que enfatizó en que el artículo 290 de la Constitución prohíbe que las deudas privadas sean estatizadas.

Así mismo, Andrés Roche, de Madera de Guerrero, indicó que no se puede desbaratar elementales normas del debido proceso por una alegre presunción, al pedir que se busque el equilibrio en la norma; se podrían implementar medidas cautelares, luego de un proceso previo, afirmó.

Entre tanto, el representante de Pichincha, César Rodríguez, criticó el proyecto por “inconstitucional, electorero e inmoral”, en tanto busca cubrir las deudas de las mafias de los tragamonedas. “No votaré por la transitoria que trata de saquear los dineros del país”, advirtió.

La legisladora María Paula Romo pidió llamar a las cosas por su nombre y tratar los temas con responsabilidad. “En esta ley, el Estado asume deudas de un ente privado; los derechos de los trabajadores deben respetarse y su reclamo es legítimo”, sostuvo, al indicar que en artículo 2 del proyecto se afecta el sistema de garantías de derechos.

Así mismo hubo voces en sentido contrario como la de Xavier Tomalá quien defiende la constitucionalidad del mismo, lamentó que no se haya evaluado con profundidad el texto, que beneficia a la clase laboral y protege al más débil.

Mientras, el presidente de la legislatura Fernando Cordero Cueva, desde su curul, sugirió incorporar una disposición transitoria para que los empleadores que no han afiliado a sus colaboradores legalicen su relación, tanto con sus trabajadores, cuanto con el IESS, con una rebaja en las correspondientes aportaciones, toda vez que ya no podrá otorgar servicios de salud retroactivamente, ni de protección de riesgo de trabajo.

Fernando Cordero, al clausurar la sesión, anunció que la próxima semana el Pleno trabajará hasta el día viernes y antes de ese día habrá tres sesiones.

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