La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, al anunciar que acudirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a presentar su informe de rendición de cuentas.
Explicó que en los casos que ha tramitado la Comisión de Fiscalización se ha garantizado el debido proceso para que, tanto los acusadores, cuanto los funcionarios que han sido encausados, presenten las pruebas de cargo y descargo pertinentes.
En este marco, indicó que este organismo legislativo realizó 15 sesiones desde el 31 de julio de 2011 hasta el 17 de julio de 2012, llevó adelante la sustanciación de 8 solicitudes de juicio político y ha impulsado acciones de control político hacia diferentes organismos del Estado.
Juicios
Silvia Salgado al enfatizar que la rendición de cuentas es un mecanismo para transparentar la gestión realizada por este organismo legislativo indicó que llevó adelante el tratamiento de juicio político contra Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. Proponente: César Rodríguez. Motivo: haber solicitado al Presidente de la República la declaratoria del estado de emergencia del sector justicia. La Comisión producto de un debate apegado a la ley desechó esta demanda.
También sustanció el pedido del asambleísta Jorge Escala contra la ministra de Educación, Gloria Vidal, a quien la acusó de no haber socializado con los actores la unificación del bachillerato unificado. Explicó que resolución motivada se desechó este juicio luego de un largo proceso donde participaron profesores, instituciones del sector educativo, estudiantes y dirigentes.
Igualmente, llevó adelante la solicitud de juicio político propuesta por el legislador Fernando Aguirre, contra el Canciller Ricardo Patiño, relacionado con el envío de la valija diplomática a Italia. El organismo legislativo resolvió pedir la intervención de la Contraloría a través de exámenes especiales para determinar las responsabilidades de carácter administrativo y a la Fiscalía la investigación. Los resultados han sido concretos ya que de la auditoría se establecen responsabilidades administrativas y de la Fiscalía espera que concluya la etapa de indagación fiscal para iniciar los juicios correspondientes, añadió.
Además, sustanció el pedido de juicio en contra el economista Patricio Rivera, ministro de Economía, propuesto por el asambleísta Linder Altafuya y se refería a la deuda que mantiene el Estado con el IESS, mismo que fue desechado considerando que el gobierno con anterioridad cubrió la deuda al Seguro Social.
Así mismo, conoció el pedido de juicio político contra Richard Espinosa, exministro de Relaciones Laborales, por haber aplicado el decreto ejecutivo 813. En este caso existió una demanda de inconstitucionalidad y no le corresponde a la Comisión, ni a la Asamblea Nacional calificar este aspecto, por lo que resolvió desestimarla.
También atendió el pedido de juicio político contra Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales no Renovables, planteado por el asambleísta Cléver Jiménez, argumentando que “esta cartera de Estado renegoció contratos petroleros que perjudicaban al país”.
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