El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad, informó que dentro de este último año de labores, el organismo ha tratado varios temas como el proyecto interpretativo del Art. 117 de la Ley de Educación Intercultural, que establece los períodos de clases.
En torno al proyecto interpretativo al Art. 117 de la Ley de Educación Intercultural indicó que no se debe hablar de horas pedagógicas, sino de ocho períodos pedagógico y el tiempo restante se debe cumplir dentro o fuera del establecimiento, con el visto bueno de los directivos de cada institución.
Recordó que los maestros se encuentran considerados como servidores públicos y éstos trabajan ocho horas reloj, al precisar que sobre este proyecto existe informe para primer debate.
Aclaró, además, que cuando se analizó esta normativa no existía el correspondiente reglamento, mismo que clarifica aspectos relacionados con los proyectos interpretativos.
En lo atinente al proyecto de Ley interpretativa de la Transitoria Novena de la Ley de Educación Intercultural, que se refiere al retroactivo de las jubilaciones de los docentes ecuatorianos, indicó que, a su criterio, es una iniciativa que contravine expresas disposiciones constitucionales, por cuanto tendría incidencia en el incremento del gasto público, lo cual solo puede proponer el Ejecutivo.
Indicó que se ha avanzado en los proyectos de reformas a muchos artículos de la Ley de Educación Intercultural que han sido de iniciativa de la sociedad ecuatoriana, entre ellos de la Unión Nacional de Educadores, UNE; la Federación de Estudiantes Secundarios, FESE, que se han debatido con estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de las instituciones educativas.
Así mismo, trabajó en el estudio de las reformas a la Ley de Educación Superior, en las cuales se solicita la eliminación de la Secretaría Técnica de Educación, lo cual sería absurdo y un regreso al pasado, si es que no se cuenta con un rector de las universidades.
Informó que dentro del organismo legislativo esta norma tuvo 4 votos a favor, 4 en contra y una abstención, por tanto, al no tener los votos necesarios para su aprobación, se la direccionó al Consejo de Administración Legislativa para que se busque la salida jurídica más adecuada.
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