El Ministerio del Ambiente aplica mecanismos de control permanente del uso de los recursos, afirma la viceministra Mercy Borbor

Jueves, 13 de septiembre del 2012 - 13:56 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La viceministra del Ambiente, Mercy Borbor, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside la legisladora Silvia Salgado Andrade, aseguró que esta secretaría de Estado aplica mecanismos de control permanente del uso de Los recursos asignados al desarrollo de sus actividades, lo cual permitió descubrir el desvío de fondos, en mayo del presente año.

Recordó que el 24 de mayo del presente año se determinó que hubo desvío de fondos, por lo cual, al día siguiente, acudieron ante la Fiscalía a formular la correspondiente denuncia. A partir de ese momento, se investiga el presunto delito de apropiación ilícita de recursos, dijo.

Explicó que el perjuicio asciende a siete millones 360 mil dólares que fueron a parar en cuentas de 43 personas beneficiarias que no corresponden a funcionarios ni proveedores o ciudadanos vinculados con la gestión del Ministerio del Ambiente, al indicar que por este caso hay 13 detenidos, cinco de los cuales fueron funcionarios de la institución.

La Viceministra del Ambiente ofreció entregar información adicional, de carácter técnico, por escrito, toda vez que su intervención se limitó a las preguntas remitidas por la Comisión de Fiscalización en el oficio respectivo.

 

De su lado, la presidenta del organismo legislativo, Silvia Salgado, recordó que el objetivo de la Comisión es que se esclarezca el estado en que se encuentra la investigación de la presunta mala utilización de claves del sistema de pagos en el sector público, eSIGEF, en los ministerios en que se detectó el desvío de fondos, la garantía de que esos recursos serán recuperados en su totalidad, así como la certeza de que las personas involucradas serán sancionadas de conformidad con la Ley.

Igualmente, se aspira que las entidades en las cuales se produjo esta problemática hayan adoptado los correctivos necesarios para evitar que esta clase de hechos se repitan y garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos, que pertenecen a los 14 millones de ecuatorianos.

EG

 

 

 

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