En la sesión 196 del Pleno, asambleístas de PAIS, MPD, Pachakutik, socialismo, ID, PRIAN, PSP e independientes destacaron la necesidad de defender los intereses del país y su soberanía, al referirse al laudo arbitral emitido por el Ciadi, en torno a la demanda interpuesta por la empresa petrolera Occidental.
La Asamblea Nacional debatió en forma amplia el proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Virgilio Hernández, a través del cual pide que se declare como política de Estado la acción que impulsa el gobierno nacional en la controversia con la empresa Occidental, para que se fortalezca una posición conjunta para la defensa de los intereses nacionales por sobre el poder de una transnacional o de los poderes fácticos que de forma permanente intentan atropellar a la soberanía y dignidad de nuestro pueblo.
El legislador Cléver Jiménez subrayó que la Occidental violó las normas establecidas en la Ley de Hidrocarburos y el propio contrato que determinó su caducidad. Pidió la comparecencia de José María Borja, Diego García y Alfredo Palacios por ser responsables de lo sucedido en el tema OXY.
De su lado, la asambleísta María Augusta Calle dijo que es necesario la unidad de todos los legisladores en este momento que el país está siendo agredido tras denunciar que existe una presunta colusión internacional para afectar los intereses económicos de nuestro país; mientras que Eduardo Encalada sostuvo que Ecuador ha sido avasallado siempre por las empresas transnacionales, por tanto, defendió el legítimo derecho del Estado ecuatoriano de declarar la caducidad del contrato con la Oxy tras asegurar que el Ciadi es una corporación financiera internacional que subyuga a los estados para favorecer el capital, por ello, apoyó en su totalidad el contenido del proyecto de resolución propuesta por Virgilio Hernández.
Andrés Páez precisó que el laudo arbitral debe ser materia de fiscalización por parte de la Asamblea; mientras que Pedro de la Cruz manifestó que la instancia del Ciadi no defiende a los pueblos ni los derechos humanos, sino al capital. Nosotros no debemos aceptar ese fallo, agregó, tras recordar que las organizaciones sociales deben movilizarse para rechazar el mismo.
Por su parte el parlamentario Fernando González consideró que el asesor jurídico de la Presidencia de la República debería informar las opciones de defensa ante el Ciadi. También que pidió la presencia del procurador del Estado, Diego García, para que informe las acciones que ha desarrollado y desarrollará en defensa del Estado.
Silvia Salgado expreso que el caso OXY es un tema de soberanía nacional que puede afectar a los 15 millones de ecuatorianos. Dijo que el Ciadi es un instrumento del Banco Mundial que defiende intereses empresariales.
Mientras que, la legisladora Guillermina Cruz al respaldar el proyecto de resolución expresó que se debe rescatar la marcha de la población amazónica contra la OXY al señalar que “no podemos permitir que nos quiten dos mil millones de dólares que pertenecen a todos los ecuatorianos”. Fausto Cobo, dijo que en la resolución debería constar el derecho de repetición para presidentes, ministros y procurador, si es que le toca pagar al Estado.
Por su parte, el presidente Fernando Cordero Cueva, desde su curul, señaló que es mejor unirnos por objetivos que por pasiones, ya que éste es un tema que afecta a nuestra soberanía y a los más pobres del país, independientemente de quien actualmente gobierna. Los efectos del derecho a repetición deberían responsabilizar a los diputados que aprobaron el tratado en 1994, es decir el Tratado de Protección a las Inversiones Recíprocas entre Ecuador y Estados Unidos.
Entre tanto, el legislador Tito Nilton Mendoza compartió la necesidad de investigar y determinar la responsabilidad, incluyendo el derecho de repetición.
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