Asambleístas de distintas bancadas políticas, en la sesión 203 del Pleno, anunciaron su predisposición de votar a favor del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, argumentando que beneficiará a un gran sector de la población de escasos recursos económicos.
Tito Nilton Mendoza sostuvo que el proyecto no contiene nada sobre la redistribución del gasto social. “Votamos por los pobres del Ecuador y vamos a vigilar que los recursos de los impuestos a los bancos vayan en buen curso”, enfatizó.
Por su parte Juan Carlos López, expresó que resulta contradictorio que la pobreza haya crecido, mientras la banca obtiene grandes utilidades. El bono tiene que ser productivo, subrayó.
Entre tanto Susana González, del Movimiento Madera de Guerrero, considera que el incremento del bono se pudo realizar vía decreto ejecutivo y no a través de este proyecto de ley urgente. Manifestó que el sector productivo genera trabajo para la gente, pero desde el gobierno no se prioriza la creación de empleo.
Fernando González, independiente, expresó que el proyecto implica una nueva reforma tributaria. Más allá del bono, la ciudadanía espera un sueldo digno y empleo, el fascismo o la libertad es el dilema, precisó.
Mauro Andino, PAIS argumentó que según las estadísticas, entre el 2006 y 2011 cerca de un millón de personas salieron de la pobreza gracias al bono de desarrollo humano.
Dijo que se tata de una iniciativa positiva del Presidente de la República, que llega aproximadamente a dos millones de personas entre ellas a personas con discapacidad, adultos mayores, madres de familia, para fortalecer y seguir garantizando la salud, la educación y el buen vivir.
Indicó que en el 2011 la banca ha captado más de tres mil millones de ingresos totales logrando una utilidad neta de 400 millones de dólares, lo que constituye el nivel más alto de la historia, por ello se le debe exigir que comparta con la gente que más requiere y necesita.
Propuso el incremento de las multas para los banqueros en caso que no entreguen la información al SRI de 30 hasta 1500 dólares por: “de 1 a 6 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.
Galo Vaca, de Alianza juntos por el Napo, señaló que la necesidad de los pobres no puede estar sujeta a un proceso electoral, al tiempo de sugerir que los administradores del bono actualicen permanentemente el rol de los beneficiarios. Precisó que el bono de desarrollo humano debería quedar establecido mediante una ley.
La asambleísta Nivea Vélez, lamentó que luego de 6 años, el gobierno se haya dado cuenta que la banca ha ganado demasiado. Estamos frente a una problemática social y tenemos que dar respuesta, puntualizó.
Pidió que la Superintendencia de Banco realice una auditoría al proceso de entrega del bono de desarrollo humano.
El incremento del bono de desarrollo humano no es una solución a la pobreza, no se ha hecho estudio al respecto que determine esa cantidad, manifestó Luis Morales (PRIAN).
César Montúfar afirmó que el proyecto es inconstitucional, argumentando que tiene una actitud discriminatoria para un sector, al enfatizar que gravar las utilidades de los bancos puede causar un efecto negativo sobre la estabilidad del sistema financiero.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, desde su curul, aclaró que no es una traición subir 15 dólares a los más pobres del Ecuador. El bono es un paliativo para pasar de la miseria a la pobreza y poder seguir en la lucha para poder conseguir un país diferente, justo y solidario, agregó.
Recordó que el Art. 137 de la Constitución en su tercer inciso, establece que el trámite ordinario de las leyes, significa que todas las leyes independientemente de su origen en cuanto a iniciativa legislativa e independientemente de que sean económicamente urgentes o no, tienen el trámite ordinario. Por tanto este proyecto al estar en segundo debate ha cumplido el trámite ordinario, aseguró.
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