En la continuación de la sesión 31 del Pleno, 21 asambleístas participaron del debate en torno al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, que determina las atribuciones y funciones de los distintos niveles de gobierno, regula las competencias del Gobierno Central y la asignación de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, así como los parámetros para la distribución equitativa de los recursos del Presupuesto General del Estado para estos organismos.
Desde la bancada de PAIS, varios asambleístas defendieron la ley que ha sido enriquecida con los aportes de los sectores involucrados: alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, colectivos, nacionalidades y pueblos del Ecuador, en el proceso de socialización. Lo calificaron como un proyecto innovador, cuyo informe está suscrito por 10 de los 11 miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos, por cuanto garantiza la plena vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos, en términos de justicia y equidad.
Así mismo, subrayaron que se trata de una de las leyes más importantes para el país, por cuanto constituye un instrumento idóneo para la construcción de una convivencia social que permita superar las inequidades del pasado y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, a través de los organismos de gobierno que están más cerca de su realidad cuotidiana.
Mientras, legisladores de oposición reiteraron algunas preocupaciones sobre todo en lo que atañe al Capítulo Quinto, que se relaciona con la capacidad de los concejos cantonales y metropolitanos para expropiar predios con fines de interés social. Los reparos se centran en la forma de pago prevista, que sería en un 30% en efectivo y el 70% restante en bonos a 20 años plazo. También se criticó que la normativa hable de solares, considerados como tales a pequeñas extensiones de terreno de 50 ó 100 metros cuadrados, que generalmente pertenecen a ciudadanos de limitados recursos económicos que alcanzan a adquirir un terreno, con mucho sacrificio.
Al respecto, se aclaró que esta disposición está vigente en la Ley de Régimen Municipal, es decir que no existe intención política alguna detrás de esta temática. Si es necesario realizar puntualizaciones, habrá que hacerlo, dijeron.
Una vez más se insistió en la necesidad de que se mantenga la vigencia de las leyes 010 y 047, que generan rentas para las provincias amazónicas y para Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, respectivamente, ya que se trata de una compensación, en el primer caso por la afectación producida por la explotación petrolera y, por el impacto de los proyectos hidroeléctricos, en el segundo, con la recomendación de que se haga justicia con la provincia de Chimborazo, en cuyo territorio nacen al menos dos afluentes de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas.
Igualmente, se solicitó que en el texto legal se especifique de manera clara cuál es la fórmula para la distribución equitativa de los recursos del Presupuesto General del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados, porque si bien hay parámetros técnicos como la densidad poblacional, el PIB, entre otros, es necesario evitar que el Ministerio de Finanzas actúe en forma discrecional en el cálculo de las asignaciones.
La sesión se reinstalará a las 15:00, a fin de continuar con este debate. Luego de concluidas las intervenciones, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, suspenderá el trámite del proyecto para que la Comisión de Gobiernos Autónomos analice las observaciones formuladas en el Pleno, las sistematice y formule un planteamiento de consenso para someterlo a votación, transcurrido un plazo adecuado para que el organismo sume voluntades para viabilizar el proyecto.
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