Mañana a las 09h30 se reanudará el sesión 51 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el fin de proseguir el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene como propósito viabilizar la realización de la consulta prelegislativa para la aprobación de leyes que podrían afectar los derechos colectivos de comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos.
Como se recuerda, el debate se inició el jueves pasado, en el que intervinieron 18 asambleístas, quienes se refirieron a temas como la consulta prelegislativa, el procedimiento en la fiscalización y la regulación de la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria.
Las modificaciones se fundamentan en la Constitución, la sentencia de la Corte Constitucional del 18 de marzo de 2010, respecto a la consulta prelegislativa; los ocho proyectos de ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el proyecto de consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
El debate se basa en el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que propuso agregar una sección específica que desarrolle la consulta prelegislativa, a fin que la Asamblea asuma esta obligación como parte del trámite de ciertas leyes. La decisión de los artículos y temas que irán a consulta prelegislativa será tomada por mayoría absoluta del Pleno en el primer debate, según el proyecto.
Para el proceso existirán siete etapas: selección de normas; convocatoria y publicidad; inscripción; definición de los sujetos de consulta; realización; sistematización de resultados e informe para segundo debate.
Si al momento de la expedición de las reformas existen proyectos con informe para segundo debate que requieran consulta prelegislativa regresarán a la comisión para el trámite pendiente.
En lo referente a la Fiscalización y Control Político se plantea la sustitución de los artículos 82 y 83 de la Ley, para que el informe motivado emitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, únicamente se remita a las pruebas de cargo y de descargo presentadas, así como a la recomendación o no, de juicio político.
Con la reforma, al Pleno le corresponderá decidir, por mayoría absoluta de sus integrantes, sin debate el archivo del trámite o la procedencia del juicio político.
En lo atinente a la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado se determina que se optimizará la vigilancia de la Asamblea en la ejecución del Presupuesto General del Estado, la programación cuatrianual y el Plan Nacional de Desarrollo, además elaborará un informe no vinculante de la pro forma.
Respecto al presupuesto se incrementa el plazo se 10 a 20 días, para que la comisión especializada correspondiente presente el informe de la Pro forma Presupuestaria.
PV
