El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, sobre la base del informe presentado por la Comisión de Biodiversidad, mismo que tiene por objetivo regular el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y la Conferencia de Soberanía Alimentaria.
La vicepresidenta del organismo legislativo, María Molina, expresó que la comisión, cumpliendo el mandato constitucional de promover la participación ciudadana, invitó a diversos actores a presentar sus observaciones y recibió en comisión general a los asambleístas Pedro de la Cruz, en su calidad de proponente del proyecto, a Andrés Campaña, Jorge Chiriboga, Flavio López, Pedro Quimbiamba y Patricio Santi, integrantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria y al economista Ian Cherrett, director para el Ecuador de la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación.
La Ley de Régimen de la Soberanía Alimentaria tiene por objetivo establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla su obligación estratégica de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, de forma permanente.
Las razones que motivaron modificar este cuerpo legal obedecen a la necesidad de clarificar las obligaciones y atribuciones de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria para que se instituya como un organismo para el debate, deliberación y participación ciudadana en los temas de soberanía alimentaria.
Según la propuesta el SISAN tiene como función coordinar acciones entre la sociedad civil y todos los niveles de gobierno, particularmente con los órganos de la administración pública central competentes en las materias de ambiente, agricultura, ganadería, pesca, salud, educación, inclusión económica y social, planificación, recursos hídricos, producción, pueblos y nacionalidades.
La Conferencia de Soberanía Alimentaria se conformará por nueve representantes de la sociedad civil, seleccionados a través de concurso público de oposición y méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana, para un período de dos años. Para el concurso aplicarán criterios de equidad y paridad de género.
Concede dos años de plazo a la Conferencia de Soberanía Alimentaria para que entregue las correspondientes propuestas de leyes, entre otros temas: el uso y acceso a las tierras, territorios, comunas; agrobiodiversidad y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal; acceso de las ciudadanas y ciudadanos al crédito público; seguro y subsidios alimentarios.
La Función Ejecutiva, en el plazo máximo de un año contando a partir de la recepción de las propuestas presentadas por la Conferencia, elaborará los proyectos de ley y los remitirá a la Asamblea Nacional para el trámite correspondiente.
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