El asambleísta Fernando Bustamante, presidente la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, expresó su confianza que la bancada de Alianza País logrará alcanzar importantes consensos con el Primer Mandatario sobre las objeciones a las leyes de Educación Superior, de Servicio Público y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en la reunión de esta tarde.
El legislador recordó que los pertinentes informes preparados por las respectivas comisiones especializadas no son vinculantes, sino una especie de pareceres, por tanto el Pleno de la Asamblea tiene la última palabra al respecto.
Comentó que el proceso de colegislación hay que entenderlo como una práctica que normalmente deben realizar ambas funciones del Estado (Ejecutivo - Legislativo), para finalmente aprobar o promulgar cuerpos legales de transcendencia, como el presente caso, tras enfatizar que al interior de la bancada de PAIS hay un criterio generalizado de aceptar más del 80% de las observaciones e insistir en el resto respecto del Código Orgánico de Organización Territorial.
Insistió que “estamos en el ejercicio de encontrar una posición de consenso, de unanimidad entre la bancada y el Ejecutivo y más adelante con las respectivas comisiones que ya tienen sus informes”.
Respecto a los cuestionamientos en torno a una eventual concentración de poderes, Fernando Bustamante sostuvo que “nos hemos acostumbrado durante algunas décadas a un Estado demasiado débil, que no tenía capacidad reguladora ni rectora en los ámbitos que son y deben ser tanto tradicionalmente cuanto por norma constitucional de su competencia”.
Entonces, continuó, ciertos sectores deben comprender que la administración de la función pública y del interés común requiere, precisamente, que las autoridades legítimamente constituidas tengan las herramientas que les permitan gobernar en nombre de la mayoría, de la ciudadanía que les ha hado ese mandato.
Puntualizó que en el país tenemos que irnos acostumbrando que gobernar es servir al interés público y no a los intereses particulares, seccionales o gremiales; no hay afán de castigar a nadie con los vetos, pues no ir en el sentido que plantean algunos grupos organizados no implica que se quiere imponer castigos.
Obviamente, añadió, el legislador tiene que pensar en el interés común y del país, a veces puede ocurrir que ciertos privilegios o prebendas, que aparecen como parte de la costumbre, tengan que ser reguladas o reducidas, para eliminar, de a poco, las desigualdades en el Ecuador y, de este modo, reequilibrar las cosas, hacer transferencias de capacidades, de poderes y recursos de los que tienen más a los que no tienen nada o tienen muy poco.
A título personal, sostuvo que muchos países han establecido la jubilación obligatoria de los servidores públicos y nosotros no podemos ir contra la más mínima justicia intergeneracional, es decir, “las personas que han cumplido un ciclo deben dejar lugar a las nuevas generaciones, sin embargo, se puede analizar si son o no justas las indemnizaciones planteadas”.
Finalmente, dijo que respeta los anuncios de movilizaciones, ya que son parte del juego democrático, dentro de las libertades y derechos que consagra la Constitución a la gente, para expresarse, pero es de esperar que éstas se hagan pacíficamente y con respeto a quienes no piensan igual.
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