El asambleísta César Rodríguez, presidente de la Comisión Ocasional de Educación, destacó que el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural responde a una amplia socialización y consenso posible, con los sectores inmersos en el tema.Sin embargo, planteó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) arbitre las medidas para procesar una consulta sobre el capítulo de la educación pluricultural bilingüe del Ecuador, en razón de que tiene una normativa de impacto y afectación directa a los pueblos y nacionalidades indígenas.
Dijo que si bien este documento se perfilaba como de enorme conflictividad, es una de las leyes que ha logrado el mayor apoyo de las organizaciones sociales, indígenas, maestros, de los representantes de las entidades educativas públicas y privadas; ha sido un ejercicio de debate constante en la mesa con todos los actores, lo que ha permitido desarrollar un proceso de retroalimentación, de discusión fraterna en torno a temas complejos.
La mayor parte de esta normativa se ha aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, lo que demuestra que hay voluntad real de procesar los cuerpos jurídicos con participación ciudadana e inclusión, sostuvo, al expresar que “siento que la consulta que manda la Corte Constitucional, en su sentencia, en nuestra Comisión ha sido procesada durante la construcción de la ley porque han estado los representantes de todas organizaciones sociales”.
Beneficios
Precisó que se consolida el carácter plurinacional, intercultural y plurilingüe del Estado ecuatoriano, ya que ese principio se convierte en rector transversal de la Ley General de Educación, dando cumplimiento a la Constitución.
César Rodríguez puntualizó que se dignificará la carrera docente de los maestros puesto que hoy un profesor entrará con un sueldo de 775 dólares mensuales, estableciendo también un monto de 36 mil dólares como compensación variable constitucional, es decir un estímulo justo para la jubilación, acorde a la transitoria vigésimo primera de la Carta Política.
Además, los maestros, una vez que entre en vigencia la ley, tienen que aportar, al igual que el Estado, que asume una gran obligación económica, sobre el monto global de todos sus ingresos para que la pensión de jubilación sea digna; penaliza al Ministro de Finanzas al no transferir recursos para la educación, así como a las autoridades que no entreguen el carné estudiantil, cuyos beneficios en cuanto al transporte gozarán los jóvenes durante todo el año.
Los derechos y obligaciones son iguales para padres de familia, estudiantes y docentes, quienes serán evaluados continuamente por un instituto nacional autónomo, lo que permitirá una actualización y mejoramiento permanente de la calidad de los maestros del país, enfatizó.
MG/pv
