La redefinición de contravenciones; reasignación de puntos para las licencias de conducción, un nuevo sistema de recuperación de puntos, la ampliación del tiempo de vigencia de las mismas y su forma adecuada de optar para las diferentes categorías; la incorporación de institutos de Educación Superior legalmente autorizados para la capacitación y recuperación de puntos; mecanismos de responsabilidad para la protección de derechos de las personas con discapacidades, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, fueron -entre otros- los cambios que incorporó la Comisión de Desarrollo Económico, en el informe para primer debate entregado al Presidente de la Asamblea Nacional, para que lo incluya en el orden del día de una de las próximas sesiones.Saruka Rodríguez, titular del organismo Legislativo, indicó que también se incorporó la definición de los niveles máximos de concentración de alcohol en la sangre de los conductores y la determinación expresa de la indemnización en los casos de delitos de tránsito que provoquen incapacidad definitiva o muerte.
Los comisionados consideran necesario ampliar el análisis de temas como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, competencias territoriales; la institucionalidad de los diferentes actores que participan en la planificación, regulación y control de tránsito a nivel nacional, local, recursos y sanciones, que deben ser tomados en cuenta a fin de que el país cuente con una Ley de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial que garantice los derechos humanos, contemplados en la Constitución.
Como se recuerda, el Consejo de Administración Legislativa remitió a esta Comisión ocho proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentados por los asambleístas Luis Almeida, Andrés Páez, Gido Vargas, Fernando Vélez, Edwin Vaca, Richard Guillén y el Presidente de la República. Además, analizó las observaciones presentadas por otros asambleístas y organismo involucrados en esta temática.
La Comisión consideró que uno de los múltiples factores que han impedido la aplicación adecuada de la Ley, está en las falencias de la administración de Justicia, pues hasta el momento no se cuenta con los juzgados de contravenciones y normas de aplicabilidad directa de este cuerpo jurídico.
En esta línea, sería imprescindible determinar con precisión las competencias que tiene cada una de las instituciones actoras en la Ley de Tránsito, como son los municipios, Policía Nacional, Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Comisión de Tránsito del Guayas, Cuerpo de vigilantes CTG y la responsabilidad de la Sociedad Civil.
El informe señala que la problemática de tránsito y transporte en las zonas de frontera subsiste por la inaplicabilidad del sistema de puntos a las licencias de conducción, cuando cometen contravenciones conductores extranjeros y no se cumple la ley y Convenios Internacionales, produciendo anarquía e inequidad.
Las funciones y atribuciones otorgadas al organismo regulador de Transporte Terrestres y Tránsito no se encuentran definidas a través de un Manual de Procedimiento Administrativo actualizado, dando lugar a la discrecionalidad en la toma de decisiones, generando conflictos en los usuarios, como es el caso de otorgamiento de rutas y frecuencias, informes de factibilidad, incremento de cupo, autorizaciones de escuelas de conducción, concesión de permisos de operación, regularización del servicio de taxis, entre otros.
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